Las administraciones han situado bajo la lupa a la niña rumana de 10 años que la semana pasada dio a luz en Jerez de la Frontera (Cádiz) sin que su caso fuera detectado en ningún momento por los servicios sociales. La Fiscalía de Sevilla investiga si los padres vulneraron el derecho de protección de la menor, que no está escolarizada ni fue sometida a seguimiento médico durante todo el embarazo. También el Defensor del Pueblo hará un seguimiento pormenorizado del entorno familiar.
La amabilidad que la familia mostró en el hospital y con los vecinos se ha tornado en desconfianza. De momento, los parientes no quieren siquiera abrir la puerta a los trabajadores sociales que el Ayuntamiento de Lebrija (Sevilla), donde residen, ha enviado para conocer el estado de la menor y su bebé y ver si la casa en la que residen reúne las condiciones de salubridad necesarias para criar a una recién nacida. Por eso, el consistorio se plantea incluso pedir una orden judicial para acceder a la niña.
La pequeña no estaba empadronada en Lebrija ni recurrió en ningún momento a los servicios sociales o sanitarios, de ahí que las alarmas saltaran solo cuando la niña se puso de parto.
La pequeña entró en España ya embarazada, aunque sobre el tiempo de estancia hay distintas versiones. Algunas fuentes apuntan que llegó el verano pasado, mientras que otras afirman que se la vio por vez primera hace pocas semanas, y ya con muestras de su estado de gestación. La familia, de etnia gitana, se asentó supuestamente en la localidad sevillana porque en ella residía un tío de la pequeña. Mientras, y según el entorno familiar, el padre de la recién nacida, también menor, se quedó en Rumania, por lo que la "relación" entre ambos se rompió.
La Junta de Andalucía también está sobre el caso y, como el Defensor del Pueblo, se muestra favorable a que los padres de la pequeña mamá mantengan la tutela si no se detecta ninguna anomalía.
