Los diputados de Izquierda Unida y de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), Gaspar Llamazares y Joan Herrera, han registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para que se reforme la Ley de Extranjería con el objetivo de que no se expulse de España a las mujeres inmigrantes 'sin papeles' que denuncien ser víctimas de malos tratos. La iniciativa, recogida por Europa Press, resalta que en España, a las mujeres en situación administrativa irregular que denuncian a su agresor, se les puede abrir un expediente sancionador que implique la expulsión en el caso de que no consigan una orden de protección y una sentencia que acredite la violencia sufrida.

Estas dos formaciones pidieron que se eliminara esta posibilidad en la nueva Ley de Extranjería, que se encuentra ahora en tramitación parlamentaria, pero el PSOE no quiso, pese a que el Gobierno socialista había asegurado que cambiaría este punto. El texto de la reforma de la ley, que será aprobado el próximo jueves en el Parlamento, mejora ligeramente la situación de estas inmigrantes irregulares al concederles la oportunidad de pedir un permiso provisional de residencia. Pero para IU-ICV no es suficiente y por eso defenderán su proposición no de ley en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados.

DINERO PARA LA LEY CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA

Por otro lado, Herrara y Llamazares piden al Gobierno que garantice la necesaria financiación de la Ley contra la Violencia de Género para que existan "medios materiales adecuados y personal suficiente" para poder atender a las víctimas y acabar con esta lacra. Otra de las reclamaciones es que se asegure la equidad territorial de la respuesta ante la violencia machista, "especialmente en el ámbito de la atención sanitaria y de la asistencia integral". También demandan que el Ejecutivo socialista incremente la efectividad de las medidas que protegen a las mujeres y que se garantice la asistencia letrada especializada en toda España.

Otras de las propuestas es la creación de un Plan Nacional de Formación para los profesionales que trabajan en el ámbito sanitario y judicial que pueden tener que atender casos de violencia de género. Sobre las propuestas que ha acordado la Subcomisión del Congreso para combatir esta lacra, piden al Gobierno que lleve a cabo "todas".