Juana Rivas, que sigue ilocalizable tras incumplir el 26 de julio la orden de entregar a sus hijos al padre, Francesco Arcuri, no acudió ayer a la vista en el Juzgado de Primera Instancia 3 de Granada para acordar posibles medidas de protección hacia los menores pedidas por su expareja.

A esta cita, fijada a las diez de la mañana y a puerta cerrada, sí acudió la abogada de la madre de Maracena (Granada), María Castillo, además del padre de los niños, acompañado este último de su letrado, Adolfo Alonso; todos ellos eludieron hacer declaraciones a la entrada al juzgado.

Castillo reconoció a su salida que su clienta está en una situación «legalmente complicada», puesto que está asumiendo muchos riesgos legales. En este sentido, manifestó que le pidió que trasladase a la opinión pública que «todo lo que está haciendo lo está haciendo por sus dos hijos» y que «como madre es la única que siente que a día de hoy debe proteger y seguir protegiendo a esos dos menores ante la desprotección que se le está dando por parte de las personas correspondientes».

Sobre una posible negociación de custodia compartida, Castillo afirmó que «lo que yo he hablado con el letrado de Arcuri se queda entre conversaciones de letrados y, por respeto a mi compañero, no voy a admitirlo ni a desmentirlo».

Una vez escuchadas las alegaciones de ambas partes, entre las que se incluyen la petición de medidas ya acordadas como que se oficie a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para que busquen a los menores, la juez está estudiándolas y resolverá «en las próximas horas», informaron a Efe fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

La citación se mantuvo después de que Arcuri pidiera al juzgado de familia que acordara medidas de protección «extraordinarias y urgentes» para sus hijos antes de que la causa llegara a la vía penal.