Ahora sí: el Consejo de Ministros aprobó ayer la normativa más traumática de los últimos meses, destinada a impedir el hasta ahora inatajable avance de las descargas no autorizadas. Tras un mes de declaraciones contradictorias y desautorizaciones, opta por un enfoque mixto para cerrar las webs que facilitan el intercambio, administrativo y judicial, por el que la Audiencia Nacional podrá cerrar páginas en cuatro días. Así pretende contentar a las dos partes enfrentadas, una industria cultural que sostiene que la red la está matando y unos colectivos de internautas que argumentan que el sector audiovisual actúa como si no existieran los navegadores. Por el momento, ha logrado que aplauda solo la primera.

El proyecto antidescargas, previo paso por los órganos consultivos y el Parlamento, entrará en vigor, según los planes del Gobierno, cuando acabe el verano. Lo que pasará será esto: el procedimiento comenzará a caminar cuando el propietario de los derechos de autor --ya sea un sello discográfico, una televisión, un estudio cinematográfico o un compositor-- denuncie ante la Comisión de Propiedad Intelectual, un órgano de nuevo cuño que dependerá de Cultura pero cuyos miembros serán independientes, que determinada página de internet está enlazando o comercializando sin permiso un archivo que le pertenece.

PLAZO PARA DESALOJAR El ente analizará la queja y, si considera que tiene fundamento, la trasladará a los propietarios de la página web, los citará, escuchará sus alegaciones y, cuando estas no le convenzan, les dará un plazo para que desalojen esa película, capítulo, canción, videojuego o programa informático.

Aquí es donde entra la Audiencia Nacional. El caso pasará entonces a la sala de lo contencioso administrativo de este órgano, que tendrá cuatro días desde que lo recibe para oír de nuevo a las partes y decidir si cierra cautelarmente, pues la decisión puede ser impugnada, la página cuando su servidor se encuentra en España o si bloquea su acceso desde los ordenadores del país cuando la web se halle en el extranjero.

La fórmula elegida para clausurar o impedir el uso de esas 100 páginas que el Ministerio de Cultura tiene en el punto de mira es más laxa que la aprobada por Francia --allí también se perseguirá a los usuarios que se descarguen archivos, algo que aquí no ocurrirá-- y que la anunciada en un primer momento por el Ejecutivo, que a principios de diciembre se inclinaba por los cierres administrativos sin previa autorización judicial.

ORGANO ELEGIDO Sin embargo, sorprende, y dice mucho sobre la importancia que el Gobierno socialista otorga a este asunto, el órgano elegido para decretar la clausura preventiva de las páginas de internet: nada menos que la Audiencia Nacional, entre cuyas competencias se encuentra el tráfico de estupefacientes a gran escala o el terrorismo. Y ahora, también, la defensa de la propiedad intelectual.

Tras el Consejo de Ministros, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, dijo que resultaba "difícil de ubicar donde se hallan las páginas" y por tanto convenía que los casos de violaciones a los derechos de autor en internet estuviesen centralizados en un mismo tribunal. "Es un modelo que establece todas las garantías", señaló la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega. Al mismo tiempo que ambos dirigentes daban cuenta de su proyecto en la Moncloa, la titular de Cultura, una Angeles González-Sinde que hace un mes fue desautorizada por el propio jefe del Ejecutivo, hacía lo mismo en la sede de su departamento. El Gobierno parece haber comprendido que este asunto requiere pedagogía.