Nueve votos, en contra. Diez, a favor. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó ayer definitivamente el informe que critica la ley antimaltrato del Gobierno. El texto salió adelante gracias a los votos de los jueces conservadores, que se impusieron a los progresistas. El estudio ya está en manos del Ejecutivo. Este, sin embargo, puede hacer caso omiso del mismo ya que se trata de un escrito no vinculante.

Antes de aprobar la ley contra la violencia doméstica, el Gobierno --al igual que sucede con el resto de normas-- tiene que pedir la opinión de cuatro organismos: el CGPJ, el Consejo de Estado, el Consejo Escolar y el Consejo Económico y Social. De todos ellos, los más críticos han sido los jueces, que son, precisamente, quienes en el futuro tendrán que aplicar la ley.

MIEMBRO DEL OPUS El informe ratificado ayer ha sido redactado por José Luis Requero, que pertenece al Opus Dei y es uno de los jueces del CGPJ nombrados por el PP, como el resto de sus compañeros del sector conservador. Su estudio no califica la ley antimaltrato de inconstitucional. Sólo algunos de sus puntos.

El texto del CGPJ duda de la eficacia de la ley, que sólo considera víctimas a las mujeres. "La mujer --afirma el texto-- no obtiene mayor protección por el hecho de que la ley la proteja sólo a ella, excluyendo de su ámbito a menores, ancianos o, incluso, a los hombres". En su opinión, la acción positiva en favor de la mujer --defendida a ultranza por el Gobierno-- conduce a la "censurable discriminación negativa" en contra del hombre.

Los vocales progresistas del CGPJ, al igual que el Gobierno, califican de ilógico este punto ya que consideran que la violencia machista la sufren, mayoritariamente, las mujeres. En su opinión, el informe de los conservadores "carece de rigor jurídico". Según los datos judiciales, en lo que va de año, 30 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o ex mientras que en la lista de víctimas sólo hay un hombre, que murió, precisamente, a manos de otro hombre.

El informe elaborado por José Luis Requero, además, critica las prisas del Gobierno a la hora de elaborar la ley antimaltrato. A su juicio, antes de aprobar una norma nueva es mejor esperar a ver cómo marcha la orden de protección, una herramienta que entró en vigor en agosto del año pasado y que permite a los jueces dictar medidas muy rápidas para proteger a las maltratadas.

Además de medidas penales, la ley prevé iniciativas educativas y sociales. Sin embargo, los jueces conservadores reprochan al Ejecutivo que intente solucionar la violencia doméstica con medidas judiciales.

A los jueces conservadores, al igual que a los progresistas, tampoco les gusta la definición de violencia doméstica incluida en la ley. En su opinión, "no es aceptable" que el concepto de violencia contra las mujeres --del que depende toda la aplicación de la norma-- se base en la intencionalidad del agresor.