La Audiencia Nacional tuvo que dejar ayer en libertad provisional a Federick Adjei y a Ramón Yáñez Vázquez, dos de los presuntos narcotraficantes procesados por la operación Carro, al haber cumplido el máximo de cuatros años de prisión preventiva establecido por la ley. A pesar de ello, el tribunal les ha impuesto la prohibición de salir del territorio español y la obligación de comparecer en comisaría dos veces al día.
Los jueces de la Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional, que juzgan a los presuntos responsables de un gran alijo de heroína, argumentan que estas medidas cautelares obedecen "al grave riesgo de fuga que, según la experiencia general y la singular de este proceso, se aprecia en el presente caso". Los acusados se enfrentan a una petición de 16 años de cárcel.
El fiscal no ha podido hacer nada para evitar estas excarcelaciones, pero sí para impedir la libertad de otros cuatro procesados. El tribunal prorrogó ayer su prisión provisional al descontar los cinco meses que, a su entender, se alargó el proceso por las dilaciones indebidas provocadas por sus abogados defensores. Los letrados, según los jueces, presentaron durante la tramitación de la causa un gran número de recursos que fueron rechazados.
POLEMICA FUGA
El juicio por la introducción en 1999 en España de un alijo de 800 kilos de heroína se inició el pasado lunes, con la ausencia de 6 de los 22 acusados. Estos procesados se fugaron tras haber sido puestos en libertad en abril, una vez cumplido el plazo máximo de prisión provisional. El tribunal ha decretado su busca y captura. En una comparecencia ante la prensa, el presidente de la sala, Siro García, advirtió de que, si el fiscal no actuaba, otros seis acusados serían liberados.
El fiscal antidroga Pablo Contreras reaccionó y solicitó que se prorrogara la prisión provisional para cuatro de los seis acusados, en aplicación de un artículo de la ley de enjuiciamiento criminal que permite restar del cómputo de permanencia en prisión preventiva "el tiempo en que la causa sufra dilaciones no imputables a la administración de justicia".
El fiscal presentó hasta 17 recursos e incidencias interpuestos por las defensas. En opinión de la acusación pública, esta actuación "revela una dilación procedimental que en modo alguno puede ser achacada al tribunal".
Los defensas de los acusados respondieron calificando de "oportunista" la petición del fiscal.
