El Juzgado de lo Social número 33 de Barcelona ha desestimado las demandas presentadas por el expresidente de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) Juan María G. G. y por nueve controladores más por el recorte de sus salarios.
En la sentencia, el juez entiende que, si bien es cierto que sus condiciones contractuales han cambiado sustancialmente --motivo de la demanda--, este recorte responde a que, como consecuencia de una negociación colectiva en fraude de ley, habían conseguido unas condiciones laborales y económicas "absolutamente desorbitadas, sin parangón alguno en el sector público".
El escrito reconoce que algún proceso judicial justificó los sueldos de estos técnicos con el argumento de que están sometidos a un "notorio" estrés psíquico al tener a su cargo vidas humanas, pero deja claro que esta gran responsabilidad la comparten otros empleos públicos y su retribución no alcanza "ni una cuarta, quinta o sexta parte" de lo que percibían estos controladores. Por ello, desestima la demanda explicando que AENA aplicó una normativa del todo constitucional.
