Dice Fernando Antezana Tapia --boliviano con residencia en España desde hace cuatro años, licenciado en Medicina y estudiante del MIR-- que el pasado mes de abril, cuando se presentó junto a su esposa ante el magistrado del Registro Civil de Getafe (Madrid) para formalizar uno de los trámites de su solicitud de nacionalidad, ocurrió esto:

--Siéntese --le dijo, sin levantar la cabeza, el juez José María Celemín Porrero--. Firme estos papeles. ¿Cuáles son los valores absolutos de la Constitución?

Entre la rúbrica de los documentos, el frenético ritmo de la entrevista y lo abrupto del trato dispensado, Antezana, como un año antes que él la colombiana Marina Naranjo --la primera que se quejó del cuestionario al que sometía Celemín a los candidatos a ser españoles--, fue incapaz de dar una respuesta coherente.

--No es así --le corrigió el juez--. Siga firmando. Y nombre a tres poetas españoles de posguerra.

El postulante, desplazado hasta allí para acreditar su integración en la sociedad española, tampoco dio con la respuesta adecuada. Entre tres y cinco minutos después de haber entrado en el despacho, Antezana estaba fuera. Según supo más tarde, uno de los papeles que firmó sin saber su contenido era la aceptación de que se encontraba lejos de estar integrado.

PAELLA Y MONARQUIA Celemín Porrero es un juez que cree que la mejor manera de calibrar la integración de un inmigrante pasa por interrogar al candidato sobre la guerra civil española, sobre los nombres del alcalde de Getafe, los príncipes de Asturias; sobre algún escultor nacido a finales del siglo XIX, sobre quiénes eran Salvador Dalí o Lope de Vega; sobre qué se celebra el 12 de octubre de cada año; o los ingredientes de una tortilla de patatas, un cocido madrileño o una paella valenciana.

El formulario de Celemín lo contó por primera vez el diario Latino , y ayer oenegés, colectivos de letrados y fuentes judiciales debatían sobre si la ley le permite o no realizar un interrogatorio de este tipo.

Juan Carlos Rois, presidente de AESCO, una oenegé que está agrupando ahora a los "afectados" por el juez, sostuvo que el juez no está "aplicando la ley" sino "creando una nueva". El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) opinó que se estaba "extralimitando con preguntas que exceden el nivel de cultura general". Pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid le defendió diciendo que quien decide sobre la entrega del pasaporte español es el Ministerio de Justicia y no el titular del Registro Civil, y que Celemín no ha redactado hasta el momento un informe negativo basándose en las respuestas a sus preguntas un tanto caprichosas.