Dos religiosos de la Congregación de los Hermanos Franciscanos de la Cruz Blanca fueron imputados ayer por un juez de los presunto delitos de abusos sexuales y maltrato habitual contra los residentes discapacitados de un centro que la orden regenta en Córdoba. Uno de los acusados es Manuel Ortiz, conocido popularmente como el hermano Manolo, que actúaba como director gerente de la residencia, que acoge a 50 internos. Fuentes judiciales también dieron cuenta de la imputación de otro hermano de la misma congregación, que responde a las iniciales F.G., en este caso solo por un delito de abusos sexuales.
Este es el segundo episodio que sale a la luz en una semana en el que miembros de una congregación religiosa se ven implicados en un caso de abusos despuñes de que los carmelitas descalzos de Castellón denunciaran a uno de sus integrantes.
El juzgado de instrucción número 6 de Córdoba dictó ayer, como medidas cautelares, una orden de alejamiento que les impide acercarse a la casa familiar de la congregación y comunicarse con los residentes y con los trabajadores, una orden que se hizo efectiva tras ser llamados a declarar por el juez, a lo que se negaron, según las fuentes judiciales consultadas. La investigación continuaba anoche abierta a pesar de que se ha levantado el secreto sobre la instrucción del sumario. El abogado de la congregación informó ayer de que "ambos se han tomado unos días de vacaciones" sin especificar si han sido trasladados a otro centro. Asimismo, el letrado declinó hacer declaraciones sobre las consecuencias internas derivadas de esta acción judicial.
El origen de la investigación, según fuentes de la fiscalía, es una denuncia anónima, que podría partir de un grupo de padres de residentes, un caso que viene a sumarse a la investigación abierta en octubre contra un "colaborador externo" del centro, que está acusado de un delito de abusos sexuales por el que ingresó en prisión y cuya instrucción continúa de forma paralela a la de los religiosos.
Fuentes de la comisaría provincial de Córdoba explicaron que la investigación fue iniciada por la Brigada de la Policía Judicial, que puso en conocimiento de la fiscalía los indicios de delito, a partir de los cuales se abrió la instrucción, que permanece abierta y que probablemente pueda dar lugar a nuevas imputaciones. Hasta la fecha, han declarado ante el juez trabajadores del centro, padres y otros testigos relacionados con la causa.
El centro para discapacitados de los Hermanos de la Cruz Blanca se convirtió ayer en punto de encuentro para numero los medios de comunicación, lo que provocó la inquietud de los trabajadores, que se mostraron sorprendidos al conocer la imputación de los dos religiosos, si bien intentaron mantener la normalidad de cara a los internos del centro. Mientras la dirección prefirió no hacer declaraciones, los vecinos de la zona no se ponían de acuerdo sobre si la imputación "se veía venir" o no tras el caso de presunta pederastia destapado hace unos meses.
NO QUIEREN HABLAR Por su parte, el presidente de la Asociación de Amigos de los Hermanos de la Cruz Blanca, Miguel Angel Caracuel, que en octubre, al conocerse la imputación de un "colaborador externo" por abusos sexuales, propició una reunión con responsables y miembros de la entidad para recibir información de primera mano y tomar una posición al respecto, optó ayer por la prudencia y el silencio, a la espera de conocer los detalles del caso. Abrumado por el desarrollo de lo que pasa, prefirió no hablar. "He estado todo el día trabajando y no tengo información suficiente para dar mi opinión sobre el tema".
