La falta de medios fue el argumento esgrimido ayer por Rafael Tirado, el juez de Sevilla que debía velar porque el asesino de Mari Luz, Santiago del Valle, cumpliese la pena de dos años de cárcel a la que fue condenado en el 2002 por abusos a su hija, para justificar que este no estuviera entre rejas. Su posición quedó en entredicho después, al saberse que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le había sancionado a mediados de los años 90 por una actitud laxa en la tramitación de procedimientos.
Muy afectado y con el peso de "la responsabilidad de parte de lo sucedido", Tirado explicó la cadena de fallos judiciales que, a su juicio, había desembocado en la llegada de Santiago del Valle a Huelva y la posterior muerte de la niña de 5 años. El magistrado, que hasta el año pasado presidía la sección andaluza de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, subrayó que su juzgado se hallaba sobrecargado, con una media anual de 600 diligencias de ejecución de condena, cuando en otras provincias hay departamentos específicos para estos procedimientos.
Al colapso se une, según dijo, la tardanza en que se cubriera la baja de una funcionaria, que estuvo cinco meses sin sustituto. En el caso de Del Valle, el retraso fue de hasta dos años y medio: el pederasta fue condenado en noviembre del 2002; las apelaciones llegaron a la Audiencia Provincia en abril del 2003 y la sentencia definitiva no se produjo hasta diciembre del 2005. Tres meses más tarde, el juez dictó la orden de averiguación del paradero del acusado.
REACCIONES Ante esto, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró ayer que "debe caer todo el peso de la ley sobre los responsables del terrible error judicial". De la Vega, no se anduvo por las ramas y prometió que se investigará hasta el final lo que considera "un hecho muy grave". Lo que no se plantea por el momento el Gobierno es una reforma legal para incrementar las penas. A juicio de la vicepresidenta, lo que ha ocurrido es que el sistema "no ha funcionado", y lo que toca hacer ahora es averiguar por qué ha sido y garantizar que una situación así no se vuelva a repetir.
Asimismo, De la Vega explicó que el propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y la práctica totalidad del Ejecutivo se han interesado en el caso de la niña Mari Luz desde el primer momento. Zapatero habló en la noche del jueves con la vicepresidenta y con los ministros en funciones de Justicia e Interior, Mariano Fernández Bermejo y Alfredo Pérez Rubalcaba.
En cuanto a la propuesta popular, la vicepresidenta descartó modificaciones legales en respuesta al anuncio efectuado por Mariano Rajoy de que una de las primeras proyectos que presentará en el Congreso estará dirigida el agravamiento de las penas de los delitos contra la libertad sexual de los menores. El presidente del PP recordó ayer que esta ya era una de las iniciativas estrella incluidas en su programa electoral, que también contemplaba "el establecimiento de medidas que permitan el control y la prevención del riesgo que entrañe la puesta en libertad de personas de estas características". El Defensor del Pueblo de Andalucía, José Chamizo, rechazó, por su parte, el endurecimiento de penas, pero exigió un seguimiento y localización permanente de los pederastas cuando abandonen la cárcel.
