La juez de Sigüenza ha dictado hoy un auto en el que dispone procesar a 20 de los 29 imputados por el incendio en el que en el 2005 murieron 11 personas, y son los mismos 20 ya procesados en mayo del año pasado en una resolución que luego fue dejada sin efecto por una cuestión de forma.
En el auto, al que ha tenido acceso Efe, la juez única de Sigüenza e instructora del caso, María del Mar Lorenzo, tipifica los hechos de los 20 procesados como delitos de incendio forestal por imprudencia grave, y añade para ocho de ellos delitos contra la seguridad de los trabajadores y para siete de éstos delitos de homicidio por imprudencia profesional.
La juez ha dictado asimismo un segundo auto, al que también ha tenido acceso Efe, por el cual sobresee la causa respecto a los otros nueve imputados, en su mayoría excursionistas que prendieron el fuego en la barbacoa próxima a la cueva de los Casares en la que se originó el incendio, aunque tres de ellos sí están procesados.
SUMARIO
Hace dos meses, el 13 de noviembre del 2009, la juez dejó sin efecto el auto que ella dictó en mayo debido a que había llevado el caso por un procedimiento abreviado en vez de sumario. En octubre la Audiencia Provincial de Guadalajara le instó -a petición de la fiscalía- a que llevara el caso por el procedimiento sumario porque había solicitudes de pena superiores a nueve años.
Así, el juicio tendrá lugar en la Audiencia Provincial y no en el juzgado de Sigüenza. Los altos cargos políticos procesados son la entonces consejera de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha -quien dimitió días después del incendio-, Rosario Arévalo, y el entonces director general castellanomanchego del Medio Natural, José Ignacio Nicolás.
ERROR
Fuentes judiciales han informado a Efe de que Nicolás está también procesado, aunque por un error no figure en el listado final del auto de procesamiento, después de que sus hechos los considere la juez como delito en el punto anterior de la resolución judicial.
Otros cargos políticos procesados son el entonces delegado provincial de Medio Ambiente, Sergio David González; el director del parque natural del Alto Tajo, Rafael Ruiz; el alcalde de Riba de Saelices entre 1999 y el 2003 -cuando se hicieron obras en la barbacoa-, Hipólito Sebastián, y el alcalde en el 2005, José Luis Samper.
DELITO DE HOMICIDIO POR IMPRUDENCIA
Siete procesados son técnicos de los servicios de emergencias y de medio ambiente de la Junta de Castilla-La Mancha, a quienes la juez achaca un tipo delictivo de homicidio por imprudencia profesional, así como un delito contra la seguridad de los trabajadores, ya que los once fallecidos eran miembros de un retén de extinción de incendios.
A un técnico de la empresa pública estatal Tragsa también le atribuye la juez ese delito contra la seguridad laboral. El resto de procesados (al igual que los políticos, sólo por la imprudencia grave) son el secretario municipal de Riba de Saelices y los representantes legales de las empresas Servicios y Proyectos Avanzados (SPA) y Helicópteros del Sureste.
PROHIBICIÓN
La juez mantiene la libertad sin fianza para los 20 procesados. A Arévalo, la exconsejera de Medio Ambiente, la juez le achaca, entre varios hechos y omisiones, que no hubiese ordenado una vigilancia del uso de barbacoas ni una prohibición de hacer fuego ante unas condiciones meteorológicas ventosas, así como una defectuosa ejecución y control del Plan de Emergencias castellanomanchego.
En la fundamentación jurídica del procesamiento, la juez hace hincapié, citando diversa jurisprudencia, en que su calificación de los hechos es provisional y que serán las partes las que eleven a definitivas las calificaciones, sin óbice para ampliar las acusaciones.
TRISTE BALANCE
En el incendio en julio del 2005 murieron once personas, quedó otra con lesiones graves -el único superviviente del retén- y ardieron 12.875 hectáreas, "una de las mayores catástrofes naturales de la historia de nuestro país", según recuerda la juez instructora al concluir su relato de los hechos.
