La jueza que instruye el caso de los ERE fraudulentos pagados por la Junta de Andalucía ha imputado al empresario José María Ruiz-Mateos y uno de sus hijos, Zoilo, por la inclusión de dos personas ajenas entre las prejubilaciones del Hotel Cervantes en Torremolinos (Málaga), cuya regulación de plantilla está siendo investigada. El empresario de Nueva Rumasa deberá comparecer ante la jueza el próximo día 5 de marzo.
En esta causa ya están imputados por malversación de fondos otros dos hijos de Ruiz Mateos, Javier y Pablo, que hace dos semanas declararon ante la jueza que era su padre y su hermano Zoilo quienes en última instancia adoptaban cualquier decisión respecto a las empresas familiares; de ahí que ahora sea el progenitor, envuelto en varios casos judiciales, y su otro hijo quienes deban declarar ante la magistrada Mercedes Alaya. En aquella comparecencia, la Fiscalía reclamó una fianza por responsabilidad civil de 17 millones de euros para ambos hermanos.
La jueza apunta en su auto que el grupo Nueva Rumasa se valió de los contactos en la administración autonómica del exsindicalista Juan Lanzas, considerado una de las piezas clave de la trama, para conseguir que la Junta de Andalucía sufragase hasta cinco expedientes de regulación de empleo (ERE) en otras tantas empresas del grupo: Garvey, Dhul, Complejo Bodeguero Bellavista y Zoilo Ruiz-Mateos.
Alaya apunta en su auto de imputación que esas regulaciones fueron posible gracias al "tráfico de influencias" entre Ruiz-Mateos padre y Lanzas, que en su papel de 'conseguidor' habría cobrado unos 600.000 euros por cada ERE a través de a través de la entrega de "sobres quincenales o mensuales de 20.000 o 25.000 euros".
Un colaborador más
El director de la división hotelera de Nueva Rumasa ya declaró ante la jueza que la familia hablaba de Lanzas como un "colaborador" y que llegó a entregarle un sobre, aunque desconocía si se trataba de algún pago. Sin embargo, los hermanos Ruiz-Mateos minimizaron el papel de Lanzas en Nueva Rumasa, explicando que era un colaborador más y que proponía negocios de escasa entidad como la compra venta de inmuebles o empresas en crisis. Una "minucia", dijeron, en el volumen de negocio del grupo empresarial. Y explicaron que los dos intrusos eran trabajadores de otra de las sociedades del grupo que finalmente fueron asimilados entre las prejubilaciones del hotel.
Finaza de un sindicalista
Por otra parte, la jueza Alaya ha fijado una fianza civil de 593.306 euros para el secretario de la Federación de Industria de CCOO de Sevilla, Antonio Caravaca, al que acusa de haber incluido otros dos intrusos entre los prejubilados de la empresa Calderinox, entre ellos un militante del sindicato y el que fuera delegado en Sevilla de la Consejería de Empleo entre 1999 y el 2000, Juan Rodríguez Cordobés.
Según consta en un nuevo auto de la jueza, Caravaca acordó las ayudas a la empresa con el también exdelegado provincial de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, imputado en la causa, y el exdirector general de Empleo de la Junta Francisco Javier Guerrero. Dichas ayudas consistieron en una concesión directa para pagar las nóminas que adeudaba la empresa y un plan de prejubilación. El auto precisa que del pago de la fianza serán responsables subsidiarios la Federación de Industria de CCOO y Enrique Manuel Jiménez García, que ocupaba el mismo cargo que Caravaca a nivel andaluz.
