La jueza ha abierto una investigación por un delito de atentado contra la madre de un niño de 4 años que agredió a la jefa de estudios de la escuela Eduard Marquina de Barcelona e insultó y amenazó a la directora y a la conserje. La magistrada, tras la petición de la fiscalía y la acusación particular, ha entendido que estos hechos pueden ser considerados un delito en lugar de una falta tal y como estaban calificados al principio.
Los hechos sucedieron el 11 de octubre cuando Montserrat V., la madre de un alumno de educación infantil, se indignó con la dirección del centro porque le pidieron el pago simbólico de cinco euros para que su hijo, que entra a las 9.30 de la mañana, fuese admitido en el servicio de acogida que empieza una hora antes. Tras amenazar de muerte e insultar a la directora, María Dolores C., a la conserje, Carmen P., y a la jefa de estudios, Gloria Z., la agarró por el cuello a la última y la zarandeó.
SIENTA UN PRECEDENTE El cambio de calificación jurídica supone una modificación importantísima en la dureza de la pena, en el caso de llegar a una condena, porque el delito de atentado está castigado con penas de entre uno y cuatro años de cárcel y la falta se penaliza con multa. Un ejemplo de esta disparidad es la sentencia dictada por la Audiencia de Barcelona y conocida ayer que condena a unos padres de un alumno a indemnizar con 830 euros a un profesor de Sant Boi porque el joven le asestó un puñetazo.
La decisión de la juez titular del Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona sienta un importante precedente el tratamiento judicial de agresiones a profesionales de la educación, ya sea de manos de sus alumnos o de los padres. Es la primera resolución judicial en este sentido después de que, el día 14, el fiscal jefe de Catalunya, José María Mena, diera orden a sus fiscales para acusar de atentado en casos de agresión a profesionales de la educación y la sanidad.
Aunque fueron muchos los jueces que cuestionaron la posibilidad de considerar como una autoridad pública a un profesor y, por lo tanto, conseguir una sentencia condenatoria por atentado. Ayer, el fiscal de la sala de menores del Tribunal Supremo también planteó idénticas "reticencias técnicojurídicas".
La dirección expresó ayer su satisfacción por la decisión de la juez. "Es un primer paso y, si el sistema nos ofrece esta posibilidad, la tenemos que usar", argumentó la directora, una de las perjudicadas.
La directora reiteró que la solución es compleja y "quizá no pasa solo por los tribunales". "Pero necesitamos protección", dijo para añadir: "Algo hay que hacer" y razonó que no se puede permitir que una madre amenace de muerte e insultos a docentes delante de niños y padres.
