Una jueza federal frenó el sábado la serie de siete ejecuciones en un tiempo récord de 11 días que había programado el estado de Arkansas desde hoy hasta finales de mes, y que había desatado la condena nacional e internacional. El fiscal general de Arkansas recurrirá la decisión de la jueza Kristine G. Baker, pero la orden frena por el momento las ejecuciones. En una orden de 101 páginas, la jueza hace suyos los argumentos de los reos que el estado iba a ejecutar en esta serie, que inicialmente eran ocho, pero dos ejecuciones fueron suspendidas por otros magistrados en los últimos días.
La jueza, nominada por el expresidente Barack Obama, considera que es «significante» la posibilidad de que los reos sufran «un daño irreparable» si el medicamento midazolam, un sedante usado en la inyección letal, no funciona adecuadamente, ya que la ejecución podría resultar fallida o el prisionero sufrir un enorme daño antes de morir.
La oficina del fiscal general de Arkansas consideró la decisión de la jueza «desafortunada» y anunció que recurrirán al Tribunal de Apelaciones del octavo circuito. Por su parte, el gobernador del estado, el republicano Asa Hutchinson, consideró que «las revisiones de último minuto de los tribunales son parte del difícil proceso de los casos de pena de muerte» y expresó su solidaridad con la familia de las víctimas que, «una vez más, tienen que lidiar con las continúas revisiones de las cortes».
