En su primer año de funcionamiento, los tribunales de violencia sobre la mujer de España juzgaron a 19.696 hombres, el 80% de los cuales fue condenado, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Además de los varones, 436 mujeres fueron enjuiciadas, pero porque hubo agresiones mutuas. En estos casos, el 61% de las sentencias acabó en condena.
De todos los delitos tramitados, el 45% fueron por lesiones, mientras que el 13% fueron por actos contra la libertad y el 8% contra la integridad moral.
Los juzgados tramitaron durante ese año 35.525 órdenes de protección, una herramienta judicial disponible desde el 2003 y que permite dictar medidas cautelares penales y civiles en un plazo de 72 horas. Al igual que ha ocurrido en años anteriores, los magistrados admitieron a trámite el 77% de las solicitudes y denegaron el resto tras considerar que no había prueba suficientes para demostrar el maltrato. Siete de cada 10 mujeres eran españolas. En el 3% de los casos, eran menores.
La principal medida cautelar dictada fue la prohibición de aproximarse a la víctima, mientras que en el 11% de los casos, el juez fue más allá y acordó la prisión provisional para el agresor.
No todos los agresores respetaron las medidas. El observatorio ha constatado que se produjeron 3.204 incumplimientos de las cautelares y una cifra similar --3.434-- correspondió a los quebrantamientos de la condena.
ASESINATO EN FIGUERES Al hilo de estos datos, ayer se conoció un nuevo caso. Se llamaba Houriya A.B., pero se hacía llamar María Julia. Además del nombre, también intentaba cambiar de vida. Sus vecinos cuentan que su marido, que lleva un año en prisión, le pegaba. María Julia, de 39 años, sacaba adelante a sus dos hijos trabajando de limpiadora y sumaba un extra con el alquiler de una habitación. Precisamente fue su inquilino, Mohamed R., de 28 años y que está en tratamiento psiquiátrico, quien en la madrugada del martes la apuñaló mortalmente en su casa de Figueres.
