Lluís Pascual Estevill fue el azote de la burguesía cuando ejerció de juez en Terrassa y Barcelona. Joan Piqué Vidal se ganó la fama de ser uno de los abogados más influyentes, hasta tal punto que defendió a Jordi Pujol en el caso Banca Catalana y a un sinfín de empresarios de renombre. La justicia les ha vuelto a unir. Tras la falta de un acuerdo con las acusaciones para evitar el juicio, los dos se sentarán mañana en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Barcelona, acusados de presunta prevaricación (dictar una resolución injusta), cohecho (soborno a un funcionario) y detención ilegal.
El abogado ha intentado librarse del banquillo, negociando un acuerdo con las acusaciones y la fiscalía, pero no lo ha conseguido. Piqué se ha negado a aceptar una confesión explícita como la que hizo Pascual Estevill, tal y como le solicitaba una acusación popular.
pesar de que estaba dispuesto a llegar a conformarse con las imputaciones y la pena, tras una rebaja sustancial de las peticiones de condena, una acusación popular exigió una confesión explícita por parte de Piqué, tal y como hizo en su día Pascual Estevill, a lo que el letrado se ha negado. Por lo tanto, el principio de acuerdo al que el abogado habían llegado con el resto de acusaciones se deshizo.
Sin embargo, estaba dispuesto a hacer frente a las indemnizaciones, pagando incluso una cantidad muy superior a los
390.000 euros (64,8 millones de pesetas) que le pide el fiscal como responsabilidad civil, las minutas de los abogados y a conformarse con una pena --como máximo dos años-- que le permitiera no ingresar en prisión. Finalmente, ante la falta de acuerdo, el abogado depositó el miércoles en el Superior la cantidad solicitada por el fiscal para que, en el caso de ser declarado culpable, se le pudiera aplicar la atenuante de reparación del daño.
DURAS PENAS El fiscal reclama para Piqué, que siempre ha negado las acusaciones, seis años y cuatro meses de prisión, así como 15 años de suspensión como letrado por su participación en los sobornos del exjuez, que llegó a ser vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de la mano de CiU. Pascual Estevill, que reconoció en septiembre del 2003 que cobró 450.759 euros (75 millones de pesetas), se enfrenta a 10 años de cárcel y 21 de inhabilitación. Otras ocho personas se enfrentan a penas menores. El fiscal pide que se condene al Estado como responsable civil subsidiario, por la antigua condición de juez de Estevill.
