Las nuevas tasas judiciales impulsadas por el Gobierno del PP y su ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, limitarán el acceso a la justicia de miles de ciudadanos. La cantidad que deberán desembolsar para pleitear o recurrir una sentencia es elevada y, en muchos casos, no valdrá la pena acudir a los tribunales para defender lo que se considera que es justo. El impago de la tasal paraliza el trámite judicial en curso.

La semana próxima es decisiva. En el Senado se discutirá la propuesta, que ha puesto a los abogados en pie de guerra. Mañana está previsto que se manifiesten ante las sedes de los colegios profesionales en contra del proyecto que, a su entender, consagra una "justicia para ricos y otra para pobres".

La nueva normativa que modifica las tasas judiciales (muchas de ellas están vigentes, pero solo se aplican a las grandes empresas y ahora se extenderán a las personas físicas con un aumento también de la cuantía) será debatida mañana en la comisión del Senado y está prevista su tramitación en el pleno que comienza el martes en la Cámara alta. Como es uno de los últimos puntos del orden del día, no se descarta que su ratificación pudiera quedar para el miércoles, día de la huelga general. Los abogados consultados consideran que la posibilidad de que se reconsidere el contenido es mínima. En la comisión del Congreso, el PP la aprobó a pesar de que la oposición se levantó en señal de protesta por la falta de debate. Pero es que, además, según las mismas fuentes, el Gobierno tiene prisa en aplicar la ley. ¿Por qué? Pues tan simple como que en una disposición final se ha colado la orden de supresión de la paga extra de Navidad de los jueces y los fiscales.

Los abogados exigen la retirada inmediata de la ley, que en su preámbulo defiende que "el derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia) no debe ser confundido con el derecho a la justicia gratuita". "Se trata de dos realidades jurídicas diferentes. Desde el momento en que la Constitución encomienda al legislador la regulación del alcance de esta última, está reconociendo que el ciudadano puede pagar por los servicios que recibe de la Administración de Justicia", relata el texto legal. En definitiva, justifica el copago del servicio, menos en los supuestos en que se acredite "insuficiencia de recursos para litigar", que se englobarían en la justicia gratuita.

HASTA LOS DIVORCIOS Si las tasas de Gallardón se aprueban finalmente, todas las empresas y los ciudadanos deberán pagar para que se tramiten sus demandas y para presentar recursos contra las sentencias. Las cantidades no son irrisorias.

Un grupo de abogados han desarrollado algunos casos para EL PERIODICO. Así, si una persona no está conforme con un acuerdo de la junta de su comunidad de propietarios puede llegar a tener que desembolsar tasas por valor de hasta 390 euros para presentar una demanda, y otros 890 si no está conforme con la resolución y recurre a una instancia superior. En total: 1.280. Un divorcio de conformidad costará 240 euros y si se reclama una pensión compensatoria de 200 euros al mes, la cuota a pagar llega a los 974 euros.

La tasa por desahucios también se dispara. Sangrante es también si se reclama judicialmente una deuda (por 3.000 euros se puede llegar a pagar tasas de 1.050 euros) o la presentación de un recurso por la imposición de una multa de tráfico. En este caso, si la sanción es de 300 euros, el impuesto por interponer el recurso asciende a 201,5 euros y, por apelar, otros 921,5 euros. Es decir, no sale a cuenta acudir al juez. Por lo tanto, las tasas estatales tienen un componente disuasorio.

"Se vuelve a beneficiar a las grandes fortunas y empresas, en detrimento de la clase media. Con esta ley se aumentan las barreras para que los ciudadanos no se acerquen a los tribunales y, por lo tanto, las tasas tienen una doble condición: la disuasoria y la recaudatoria", explica a este diario Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía. "Se esgrime que se tiene que pagar por tener justicia gratuita, cuando este es otro derecho fundamental", insiste. Y advierte: "Si no se retira la ley, pediremos a los partidos políticos que formulen un recurso de inconstitucionalidad por vulneración de derechos".

"Se está haciendo una justicia para ricos y otra para pobres. Por apelar contra una sentencia civil o contenciosa un ciudadano tendrá que pagar un mínimo de 800 euros", afirma el decano del Colegio de Abogados de Barcelona.