La desgracia de Sevilla vuelve a poner el foco de atención en las residencias y su estándares de calidad. En la última década han muerto 32 personas en incendios similares, una cifra elevada si se compara con los siniestros mortales en otras instalaciones públicas, pero baja si se compara con los fallecidos en viviendas. No obstante, no todos los sucesos son achacables a la situación de unos geriátricos que, en términos generales, tienen un nivel de calidad aceptable, salvo los pocos casos que escandalizan a la opinión pública, según esgrimen los expertos consultados.
Los controles sobre las residencias dependen de cada comunidad, pero la ley de dependencia exige que los centros, además de una autorización para funcionar, obtengan antes del 2015 una acreditación que constate su calidad. Por ello, los centros están acometiendo mejoras, "aunque no en todas las comunidades se avanza al mismo ritmo", según denuncia Quico Mañós, profesor de pedagogía gerontológica.
LOS LIMITES "El problema es que la Administración impone límites mínimos que la mayoría de los centros cumplen, pero el ideal es que todos vayan más allá", añade María Crespo, profesora de psicología y experta en geriátricos.
El secretario general de la Asociación de Ayuda al Anciano, Gabriel Marinero, es partidario de que las administraciones incrementen las inspecciones y que estas se realicen sobre todo de noche, debido a que algunos propietarios de pequeñas residencias "dejan al cuidado de los ancianos a personal sin la formación suficiente". Marinero lamenta que algunas comunidades avisen a los geriátricos tres días antes de la visita de los inspectores, lo que les permite, por ejemplo, llevar a otros centros a los ancianos dependientes si solo tienen autorización para cuidar a mayores que se valgan por sí mismos.
