David Caboa, director y fundador de Civio: «La transparencia es cómo se toman las decisiones»

Aunque nació en Sueca (Valencia), desde los 3 años, se crió y formó en Zaragoza donde estudió Ingeniería Informática en el CPS. Residió en el extranjero 11 años. Trabajó en Suecia, Francia e Inglaterra donde programaba para Hacienda. En el 2011, después de dejar su trabajo en el BBVA, creó con Jacobo Elosua Civio, que trabaja para que exista una transparencia real y un libre acceso a los datos públicos. Tiene tiene 8 empleados indefinidos. Su último proyecto, ¿Quién cobra la obra? ha creado un mapa de la contratación de obra pública en España desde el año 2011.

Proyectos como ¿Quién cobra la obra?, El indultómetro, ¿Quién manda?, ¿Dónde van mis impuestos? o El BOE nuestro de cada día han permitido a la sociedad española conocer unos datos que hasta entonces no eran públicos. Al frente de la fundación responsable de estos trabajos, Civio, está el zaragozano de adopción David Cabo.

—¿De dónde surge Civio?

—Cuando viví en el extranjero conocí organizaciones que trabajaban en intentar aplicar la tecnología a temas como mejorar la democracia y la participación. Yo tenía inquietud por intentar hacer algo así en España. Cuando regresé, junto a Jacobo Elosua, creamos una organización que fuera equivalente a las que habíamos visto en Inglaterra o Estados Unidos, que luchan por la transparencia y para acercar la información a la gente y que participara más en las decisiones. En España todo lo que se hacía desde el punto de vista político se hacía desde una visión muy partidista y no había una sociedad civil trabajando en ello desde fuera de los partidos y creíamos que era necesario.

—Estaba todo por hacer pero, seis años después, ¿notan que la gente ha asimilado una propuesta como la suya?

—Nuestra primera batalla fue porque hubiera una Ley de Transparencia. La gente no sabía qué era ni que existía en todos los países de Europa ya. A pesar de que el PSOE lo había llevado muchos años en el programa, realmente era un tema que nadie sabía lo que era directamente. También es verdad que nosotros no surgimos del 15-M pero era algo que había pasado y se había puesto sobre la mesa el tema de más transparencia y rendición de cuentas. La ley era un instrumento que para nosotros era muy importante porque concretaba todo esto, que cualquier pregunta que le hagas a la Administración te tenga que responder salvo excepciones de seguridad nacional. En estos 6 años ya ha entrado en las agendas de los partidos. De hecho, una de nuestras grandes batallas ahora es saber con quién se reúnen los diputados y los altos cargos. Al principio, nos trataban como a unos locos por querer saber con quién se reunía un ministro y ahora no ha pasado todavía a nivel nacional pero ya hay ayuntamientos que lo están poniendo en sus normativas. Ha costado mucho el cambio porque había poca cultura de esto en España pero sí vemos que ahora hay mayor calado. Aquí, en el colegio nadie te ha enseñado que es algo normal y ni siquiera en los medios hay costumbre de trabajar pidiendo esta información. En la sociedad había falta de costumbre sobre estos temas.

—España fue el último país europeo en aprobar una Ley de Transparencia y, sin embargo, fue muy decepcionante.

—Es agridulce porque cuando hacíamos campañas con otras oenegés como Access Info insistíamos en que la ley era muy deficiente y tiene muchas lagunas. Es verdad que es un pequeño avance porque nos permite tener una herramienta legal para pedir cosas e ir a juicio pero es un derecho muy limitado y demasiadas excepciones. Intentamos hacer mucho ruido para que se incluyeran cosas como las reuniones de los altos cargos, el que todos los informes internos estuvieran... pero nada. Seguimos reclamando hoy cosas como que el organismo que vigila la ley, el Consejo de Transparencia que tenga poder para sancionar. Ahora pasa que el consejo nos da la razón en algo pero el ministerio no le hace caso y hay que ir a juicio. Además, el mecanismo es muy complicado, hay que tener el DNI electrónico. Hay muchos problemas de fondo.

—¿Estas deficiencias en la ley son algo voluntario?

—TVE es uno de los peores casos porque se ha negado a dar toda la información, cosas como cuánto costaba cada canal, cuánto costaba Eurovisión... Y eso es intencionado. Nosotros, por ejemplo, estamos personados en un juicio para saber quién viaja con el Rey en los viajes oficiales. Luego hay otras cosas que no sabes si son voluntarias, como lo del DNI electrónico. Insistimos en que se pudiera hacer preguntas por correo electrónico sin más, como en todos los países, pero nuestra Administración es muy garantista y rígida y no aceptó. Creemos que con algo de voluntad se podrían haber facilitado las cosas.

—Su última reclamación es conseguir cambios en la nueva ley de contratos del sector público a punto de aprobarse.

—Esta ley es fundamental porque regula cómo se gastan decenas de miles de euros y es un tema que en España tiene muchos problemas y es el principio de casi todos los escándalos de corrupción. Hay muy poca transparencia pero hay una directiva europea que obliga a tenerla.

—¿Tienen buenas vibraciones?

—Cuando empezamos en el 2011, el PP tenía mayoría absoluta, ahora es interesante ver cómo funciona la nueva situación para ver si desde la sociedad civil somos capaces de conseguir que la oposición introduzca mejoras. Todo esto pasará en febrero.

—¿La transparencia no tiene color político?

—No es exclusivo de un lado ni de otro, nosotros no hacemos esto desde la ideología sino porque es mejor para todos. Sea cual sea tu posición puedes encontrar motivos para defender que haya más transparencia e información al alcance de los ciudadanos porque la administración tiene que rendir cuentas y contar por qué ha tomado ciertas decisiones.

—Y es que la transparencia va mucho más allá de saber cuánto cobra un alcalde.

—Es que al final no es el gasto importante, la transparencia es saber cómo se toman ciertas decisiones mucho más gordas y que mueven más dinero y que son mucho menos visibles. Luchamos para que la gente no se quede solo en saber cuánto cobra el alcalde. ¿Cómo se regula el sector eléctrico? ¿Con quién se ha reunido el ministro para hacer esta ley? ¿Cómo se toman las decisiones de rescatar las autopistas? ¿Qué poder tienen las constructoras? Eso es lo importante aunque claro que también tienes que poder saber cuánto cobra el alcalde.

—Han estrenado ‘¿Quién cobra la obra?’, ¿ha sido su proyecto más ambicioso?

—La idea no era solo sacar cuánto se gasta la Administración sino quién se lo lleva. Hemos tenido muchos obstáculos, más de lo que incluso pensábamos, pero nos ha servido para pedir mejoras en la ley de Contratos del Sector Público porque hay contratos adjudicados que dos años después ya no son públicos. Nuestras peticiones siempre están basadas en la experiencia.

—En Civio también son bastante pioneros en la colaboración entre programadores y periodistas.

SEmDCon una visión muy ingenua, al principio pensaba que iba a limitarme a abrir la información y a colgarla pero nos dimos cuenta enseguida que había que darlo mucho más trabajado y colocarlo en contexto que es la labor de los medios. ¿Por qué un contrato es ilegal o una reunión es importante? Desde el 2013 empezamos a darle más importancia a la parte periodística para llegar más a la gente y combinamos las dos facetas, la tecnológica para conseguir los datos y la periodística que nos indica qué temas hay que investigar.

—Gracias a Civio y su ‘¿Dónde van mis impuestos?’, en sitios como Aragón, los presupuestos son entendibles.

—Es uno de los casos en los que más orgullosos podemos estar de haber colaborado con las administraciones. Son datos que si no se muestran bien, la gente no se entera. Empezamos a nivel nacional y enseguida nos llamó Euskadi y justo después Aragón y hemos trabajado con un montón de comunidades y ayuntamientos. La idea básica es conseguir que algo que parece imposible de entender, se pueda hacer y se pueda opinar. Porque en los presupuestos se reflejan todas las decisiones políticas a través de dónde envía el dinero el gobierno. Es una herramienta muy importante para el ciudadano y ver cuál es el presupuesto ejecutado. Algo que a nivel nacional no se publica.