El Gobierno reaunuda hoy su actividad, con el primer Consejo de Ministros tras las vacaciones, y varios frentes abiertos, entre ellos la polémica contrareforma de la ley del aborto. El ministerio de Justicia ha ultimado este verano un texto legal, según fuentes gubernamentales, que recoge algunas de las recomendaciones del los órganos consultivos y suaviza ligeramente el restrictivo anteproyecto aprobado las pasadas navidades y que sólo permite interrumpir el embarazo en dos supuestos: violación y riesgo para la salud de la madre. Por tanto, ahora sólo falta que el núcleo duro del Ejecutivo, Mariano Rajoy y Soraya Saénz de Santamaría, tomen la decisión de si dan luz verde a la norma en las próximas semanas o bien posponen su aprobación de forma que apenas dé tiempo a tramitarla en las Cortes antes de las elecciones generales de fines del 2015. En el PP hay quien sostiene incluso que lo mejor sería que la guardaran en el cajón definitivamente.

Las fuentes consultadas aseguran que, salvo cambios de última hora, la controvertida reforma no se aprobará hoy, y subrayan de que el Gobierno no la tiene entre sus prioridades inmediatas. De hecho, el Ejecutivo podría haber sacado adelante la ley en julio, como se dijo en un principio, pero viernes tras viernes, con diferentes excusas, se fue argumentando que no era el momento.

LA CONTESTACION El anteproyecto, que finiquita el derecho al aborto, generó un rechazo unánime en la oposición, el colectivo médico y las asociaciones de mujeres; pero también malestar en las filas de un partido tan disciplinado como el PP. Decenas de cargos, entre ellos presidentes autonómicos y a algún que otro subdelegado del Gobierno, alzaron la voz contra la dureza de la norma hasta el punto que la dirección de la formación conservadora pidió a Gallardón que dejase estar el proyecto y lo flexibilizase lo más posible. Un sector del PP comulga con una ley parecida a la de 1985 (que permitía el aborto por violación, riesgo para la salud materna y por malformación fetal y que permitió abortar hasta a 100.000 mujeres al año), y creen que una legislación más retrógrada les alejará de su electorado moderado, ese precisamente que se quedó en casa y no votó al partido en las elecciones europeas. En este escenario, Rajoy (quizá siguiendo los consejos de Sáenz de Santamaría) será el que tome la decisión definitiva de si sigue adelante con la norma, los términos de la misma, así como el calendario de tramitación en las Cortes.

El tiempo juega en su contra. Si el Consejo de Ministros aprueba el texto en septiembre, el último plazo que ha dado Gallardón, y se imprime a la misma en el Congreso un procedimiento exprés, esta podría entrar en vigor a finales de año o principios del 2015, para separarla lo más posible de las elecciones municipales y autonómicas del próximo mayo. A un PP en horas bajas y que, según las encuestas, podría perder varias alcaldías y comunidades importantes, no le conviene que la precampaña y campaña electoral gire en torno a la polémica ley, dado que, los estudios de opinión indican que son pocos los españoles que comparten la necesidad de derogar la ley de plazos actual.

También cabría la posibilidad de que la tramitación en el Congreso fuera más pausada y la norma se aprobara después de mayo, pero en este caso podría complicar la campaña del propio Rajoy, dado que las generales se celebrarán a finales de año. Así las cosas, comienza a instalarse en el PP la sensación de que, o bien el Consejo de Ministros da luz verde a la contrareforma en septiembre o como mucho a primeros de octubre, o bien, el jefe del Ejecutivo ha llegado la conclusión de que para no perjudicarse él mismo y a su partido es mejor dejar morir deliberadamente la reforma, ya sea en los cajones de Justicia, ya sea en el Congreso de los Diputados.

El partido también confía en que, si decide seguir adelante, al menos se introduzcan retoques suficientes que allanen el camino de su defensa ante la sociedad. Justicia ya ha introducido en la ley el aborto por malformación fetal, incluyendo en el texto un listado de enfermedades severas, que no incluye discapacidades como el Síndrome de Down. Pero como todo, Rajoy será quien decida si modera el texto aún más.