La ley de investigación biomédica, aprobada ayer en el Congreso de los Diputados con la única oposición del PP, viaja al Senado con una contradicción en su seno: el uso de algunas técnicas de clonación celular con fines terapéuticos permitido en el artículo 33 de la futura norma choca con la prohibición establecida en el artículo 160 del actual Código Penal, aprobado en 1995. De no cambiarse este precepto, algún científico o médico podría vérselas con la justicia y ser condenado con hasta seis años de prisión por utilizar estas técnicas.

Margarita Uría (PNV), jurista y presidenta de la comisión de sanidad que ayer dio vía libre al proyecto, apuntó dos soluciones para salvar este escollo antes de que la ley sea aprobada de manera definitiva, dentro de dos meses, ya que el Gobierno no prevé acometer la reforma en profundidad del Código Penal hasta después del verano. La primera consistiría en aprobar en el Senado el artículo 33 de la ley como si se tratara de un proyecto legislativo aparte. La otra alternativa sería votar una enmienda parcial urgente del artículo 160 del Código Penal que le conferiría caracter orgánico, pero exigiría el apoyo de dos tercios del pleno (176 de los 350 diputados). Uría calculó que esta tramitación podría hacerse en menos de dos meses, como ocurrió a principios de la legislatura con la eliminación de otro artículo, introducido por la mayoría del PP, que preveía penas de cárcel para el presidente autonómico que convocase un referendo.

falta de aprobarse, la ley convertirá a España en el cuarto país europea y el noveno mundial más aperturista en biomedicina y genética.