El Gobierno terminó ayer con una situación legal absurda que permitía a los maltratadores cobrar pensiones de viudedad tras la muerte de sus víctimas. El Consejo de Ministros aprobó un decreto que impedirá a los condenados por maltratos percibir este tipo de prestaciones y también las pensiones de orfandad, con lo que quedan incluidos los hijos menores que agredan a sus padres.

La reforma aprobada ayer, que agiliza el acceso de los funcionarios y organismos públicos al registro central para la protección de las víctimas, obliga a comunicar a la Seguridad Social la existencia de sentencias firmes por homicidio o lesiones. "El sentido común y, ahora también, la justicia dictan que los maltratadores no deberían cobrar pensiones de viudedad o de orfandad, como sucedía hasta hace poco, por increíble que parezca", comentó tras el consejo la vicepresidenta primera del Gobierno.

A partir de ahora, el encargado de dicho registro se comunicará con los órganos competentes de la Seguridad Social y del Ministerio de Economía para mantenerles informados de las sentencias firmes condenatorias.