Los presupuestos del Estado aportarán desde el 2007 hasta el 2015 un total de 12.638 millones para poner en marcha el Sistema Nacional de Dependencia con el objetivo de atender a las personas que no puedan valerse por sí mismas (actualmente, 1,3 millones). A este dinero se sumará una cantidad similar aportada por las comunidades autónomas. Según el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, el coste total del sistema, dentro de nueve años, alcanzará los 9.500 millones de euros, una cifra equivalente al 1% del PIB.
Caldera aseguró ayer que con este dinero el Estado garantizará el mismo nivel de prestaciones en toda España sin subir los impuestos. No obstante, los ciudadanos van a tener que pagar una parte de los servicios que reciban. En el 2015, cuando el Gobierno central y las autonomías contribuyan con unos 4.400 millones de euros, el resto del coste, hasta alcanzar los 9.500 millones, correrá a cargo de los usuarios.
"El ciudadano que necesite recibir atención pagará una parte en función de su renta y patrimonio. El Gobierno y las autonomías tendrán que cubrir lo que falte", subrayó Caldera.
El derecho a utilizar este sistema, según el anteproyecto, incluye a todos los españoles mayores de tres años que no puedan valerse por sí mismos (dependientes). También se prevé ampliarlo a los inmigrantes que lleven un tiempo, todavía por determinar, residiendo y trabajando en España. Pero no cubrirá a los jubilados de países de la UE que viven en España. No obstante, el titular de Trabajo se mostró dispuesto a firmar convenios con esos países para que sus propios sistemas de protección financien el 100% del servicio o puedan acceder a él.
Caldera explicó que tiene como prioridad la de ofrecer servicios antes que dinero, que podrían, dijo, dar empleo dentro de 9 años a 300.000 personas.
