Una de las consecuencias derivadas de la entente entre el Gobierno y el Vaticano afecta a la futura ley de libertad religiosa, que permanece en el congelador y sin visos de salir de él. La Iglesia, temerosa de ver recortada su supremacía sobre las demás confesiones, desaprueba la iniciativa. Por lo contrario, Zapatero sacó adelante la reforma del aborto, aprobada en febrero, pese a la oposición de la jerarquía eclesiástica, como ocurrió con las bodas gays. La revisión de los acuerdos Iglesia-Estado de 1979 también sigue pendiente.