Sin levantar protestas y con una efectividad incontestable, las conductas más peligrosas al volante pasaron a ser consideradas delito con la reforma del Código Penal que entró en vigor a finales del 2007. Gracias a estos cambios legales, el 2008 ha batido todos los récords de caída de la siniestralidad, con un descenso del 20% de las muertes en la carretera en España.

Cuando en la primavera del 2007 un grupo de diputados y entidades sociales encabezados por el parlamentario de CiU Jordi Jané y la asociación de víctimas Stop Accidentes pidieron la tramitación exprés del endurecimiento del Código Penal propuesto por la Dirección General de Tráfico no esperaban cosechar el rotundo éxito con que se ha coronado la iniciativa. De no mediar su impulso, el cambio legislativo hubiera quedado archivado y deambularía aún por los pasillos del Congreso como lo hace el resto de la reforma del Código Penal aún pendiente.

Pero la nueva ley superó todos los obstáculos y entró en vigor poco antes de la Navidad del 2007 con un relativo consenso político y social. Solo el PP se abstuvo, pero tampoco hizo de sus discrepancias un caballo de batalla ni una bandera electoral.

A los pocos días de entrar en vigor, uno de los conductores cazados por la Guardia Urbana de Barcelona reconocía su culpa por haber bebido en exceso, pero expresaba un amargo lamento. "Me han tratado como a un delincuente", declaraba a este diario. El y la gran mayoría de los primeros detenidos aún no habían entendido la esencia del nuevo marco legal que regula en España las infracciones de tráfico. La policía local le había tratado como un delincuente --con el paso por el calabozo--, porque alguien que pone en riesgo la vida de los demás por beber o correr es justo eso: un delincuente que puede acabar en la cárcel.

La Guardia Civil ha detenido y presentado ante el juez a unos 40.000 conductores en los primeros 13 meses de aplicación de la ley. De ellos, 29.000 habían sobrepasado los 0,60 miligramos de alcohol en aire espirado, la línea donde tras arduos debates se situó la alcoholemia delictiva. El límite no es ni laxo ni exigente comparado con el que rige en otros países europeos. Su gran virtud es que marca un límite preciso. Antes de la reforma, el redactado ambiguo de la ley obligaba a los agentes a demostrar que el conductor había sido afectado por el alcohol, marcara el alcoholímetro lo que marcara.

JUICIOS INMEDIATOS Tampoco a nivel de penas se optó por la banda alta. Pese a los agoreros que vaticinaban la entrada en prisión de miles de personas, muy pocos han pisado la cárcel. La gran mayoría han vuelto a casa con un pena de trabajos por la comunidad y una fuerte multa. La experiencia del primer año ha demostrado que una de las grandes virtudes de la ley es su aplicación inmediata. La gran mayoría de los condenados lo han sido en menos de 72 horas, muy lejos de las dilaciones de meses que los excesivos trámites han causado en la retirada de puntos.

Todo ello parece haber sido suficiente para que el 2008 haya sido el año en el que más ha bajado la siniestralidad de toda la historia en términos porcentuales. La caída ha sido un 20% en España --560 muertos menos-- .

Un año después, la sociedad parece haber interiorizado el mensaje más cultural que legal de la reforma: quien pone en riesgo la vida de los demás es un delincuente, como ocurría desde hace años en el resto de Europa.