El anteproyecto de reforma de la ley orgánica de universidades (LOU) elaborado por el Ministerio de Educación dejará en manos de las universidades la posibilidad de volver al sistema de elección del rector anterior al instaurado por el PP en el 2001. La regulación actual penaliza al alumnado a la hora de escoger al responsable de la institución al conceder a su sufragio un valor muy inferior al que tiene el del profesorado. La reforma permitirá que el rector sea designado por el claustro, donde los votos de los representantes estudiantiles tendrán la misma cotización que los del estamento docente.
El texto, que las próximas semanas verá la luz, señala que serán las universidades las que, a través de sus estatutos, optarán por uno u otro procedimiento para seleccionar al rector, según la versión del proyecto que maneja la Secretaría de Estado de Universidades.
DESEQUILIBRIO La regulación actual propicia situaciones como la vivida en la Universidad Pompeu Fabra en el proceso electoral que, en mayo, condujo a la elección del rector Josep Joan Moreso. En esos comicios, el valor del voto de 24 docentes equivalía al de 3.300 estudiantes, de acuerdo con lo fijado en sus estatutos tras adaptarlos a la LOU.
El actual procedimiento de sufragio universal ponderado introducido para designar al primer ejecutivo de las universidades, que también establece diferencias entre el voto de unos y otros profesores en función de su categoría, debilita por partido doble el poder de decisión de los estudiantes, puesto que constituye de largo el colectivo más abstencionista de los que participan en las contienda electorales celebradas en los campus.
La nueva ley modifica también a fondo el sistema de acceso a la carrera académica, suprimiendo las pruebas de habilitación instauradas por la exministra Pilar del Castillo y estableciendo como único requisito para poder concursar a una plaza vacante en una facultad o escuela superior la obtención de un certificado que acredite los méritos docentes. La norma flexibiliza las figuras contractuales ajenas a la carrera funcionarial que en la LOU aparecen muy encorsetadas y se les otorga un papel secundario.
La reforma de la normativa básica que regula el funcionamiento de la universidad española alcanza igualmente a la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). El organismo, creado hace tres años, se convirtió en la niña de los ojos de la entonces ministra popular Pilar del Castillo. Esta situó en su dirección a un estrecho colaborador suyo, el exdirector general de Universidades Ismael Crespo, le dotó de una estructura jurídica propia y le procuró una generosa autonomía financiera.
OTRO CAMBIO La ANECA, a la que se confió la delicada misión de medir el rendimiento del servicio público universitario, perderá ahora su condición de fundación privada tutelada por el Ministerio de Educación, según el proyecto, para pasar a tener una estructura pública.
La revisión de la LOU, una de las promesas electorales más madrugadoras de Rodríguez Zapatero, se está haciendo esperar. La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) decidió días atrás, tras la celebración de su asamblea, trasladar al Gobierno "su inquietud y preocupación" por "la falta de soluciones a los problemas" que tiene planteados la universidad, especialmente sobre "el marco normativo". En los últimos meses han proliferado los pronunciamientos de los rectores en este sentido.
El ministerio de María Jesús San Segundo pretende que se apruebe la nueva LOU el próximo año, una vez que la ley orgánica de educación (LOE), que centrará sus esfuerzos en los meses venideros, sea realidad.
