El año pasado llegaron a Canarias a bordo de pateras o cayucos 31.678 personas procedentes de África, frente a los 4.767 de 2005, lo que constituye un incremento del 564,53 por cien, según recoge la Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2006. La Fiscalía considera que esta "excepcional circunstancia" ha convulsionado la conciencia de los españoles y ha puesto en crisis tanto el sistema legal de la medida cautelar de internamiento de extranjeros sometidos a expulsión por devolución como la infraestructura de los centros donde son recluidos.
La Memoria asegura que los centros provisionales de internamiento de extranjeros creados para dar respuesta a esta necesidad carecen en mayor o menor medida de las condiciones propias de los Centros de Internamiento de Emigrantes (CIE). En este sentido, alaba el "magnífico comportamiento de las instituciones afectadas y subraya que las visitas de inspección de los centros se han realizado con periodicidad casi mensual y en los momentos en los que la afluencia de subsaharianos se agudizó se despachó semanalmente con el jefe de la Brigada Provincial de Extranjería.
Recorrido por toda España
El informe recoge la relación de irregularidades en los lugares habilitados como CIE realizada por el Fiscal especialista de Santa Cruz de Tenerife, Carlos Eguiluz, en el que se detallan deficiencias en la identificación de los inmigrantes y solicita la creación de un nuevo Centro de Internamiento en la provincia. En Andalucía esta situación de excepcionalidad "no ha ocurrido", detalla el informe.
En la valoración de los CIE ya existentes el informe detalla que el de Málaga "no se adecúa a las necesidades" y "tiene humedades" por lo que recomienda la construcción de uno nuevo. En Tenerife el centro de Barranco Seco adolece de falta de medidas de seguridad, principalmente contra incendios, y el de Hoya Fría cuenta con una plantilla policial inferior al 60 por cien de la prevista, de forma que el patio donde se encuentra la mayor parte del día los internos está custodiado por un solo agente.
Respecto al CIE de la Zona Franca de Barcelona, inaugurado en septiembre de 2006, el informe afirma que carece de servicios sociales y culturales, mientras el nuevo centro de Valencia está afectado por "graves problemas de personal". Como solución, el Fiscal de Extranjería de Málaga, Juan Bermejo, propone la creación de una Dirección General encargada de gestionar estos centros con un presupuesto propio y con funcionarios que formarán un cuerpo profesional y especializado como existe en el ámbito penitenciario.
Asimismo considera urgente la aprobación de una norma con rango de ley orgánica que regule el funcionamiento de estos centros y el estatuto de las personas que están ingresadas en ellos.
