Los titulares más sensacionalistas de la prensa británica hablan de experimentos al estilo Frankenstein. El Gobierno de Tony Blair, que el pasado diciembre prohibió la creación de embriones híbridos con células de seres humanos y animales, ha cambiado de opinión. Para los científicos que tratan de dar con el tratamiento para enfermedades incurables, como el alzhéimer y el párkinson, es una nueva herramienta de un valor potencial incalculable.

El proyecto de ley presentado ayer por Sanidad autoriza por primera vez la utilización de este tipo de embriones para la investigación médica. Los científicos los podrán crear y cultivar durante un periodo de dos semanas en el laboratorio, pero no estará permitida la implantación en humanos.

DESCIFRAR EL MECANISMO Si la ley supera las votaciones y los trámites parlamentarios, se podrán crear unos embriones que serán un 99,9% humanos, conteniendo una fracción de genes animales. Investigadores de tres universidades británicas han pedido ya autorización para realizar este tipo de estudios, con los que intentarán descifrar el mecanismo de enfermedades neurológicas graves.

Ha sido un informe del Comité de Ciencia y Tecnología de la Cámara de los Comunes el que ha propuesto el levantamiento de la prohibición. El cambio venía respaldado por el asesor jefe del Gobierno en asuntos científicos, David King, ya que a su juicio la nueva ley permitirá al Reino Unido mantener su posición de líder mundial en la investigación celular.

Otros profesionales, como Steven Minger, el director del Laboratorio de Biología de Células Madres del King´s College de Londres, ven en la nueva legislación "un paso importante", porque esas células madre pueden ayudar a entender "lo que va muy mal en desordenes neurológicos como el alzhéimer".

Los embriones citoplásmicos, creados con óvulos de conejos o vacas y material genético humano aportado por donantes, pueden suponer una gran novedad en la experimentación, aunque los controles serán muy estrictos. Hasta el momento, tres equipos de universidades de Londres, Newcastle y Edimburgo han pedido autorización para crearlos. La futura legislación, que deberá ser examinada por un comité de expertos, ha enfurecido a los llamados grupos provida.