El pulso que mantiene la Comunidad de Madrid con su personal sanitario alcanzó ayer el punto álgido sin que se vislumbre ninguna posibilidad de acuerdo. Pese a cinco semanas de huelgas y protestas de una magnitud sin precedentes, el parlamento regional aprobó la privatización de la gestión de seis hospitales y 27 centros de salud sin aceptar enmiendas de la oposición. Los trabajadores, lejos de arredrarse ante los hechos consumados, doblaron la apuesta y empezaron a presentar una cascada de dimisiones no solo en los centros de salud sino también en los hospitales, mientras preparan nuevas acciones para enero.

El panorama de la sanidad madrileña es desolador. Se han suspendido 6.244 operaciones y se han cancelado 39.860 consultas en las últimas cuatro semanas, según el recuento de la Consejería de Sanidad. Más allá de las cifras, basta darse una vuelta por cualquier ambulatorio u hospital para darse cuenta de que una parte muy importante del personal está en pie de guerra. Casi todos los días hay muchos sanitarios en paro pese a que algunos de ellos se calcula que han perdido ya más de 1.200 euros por los descuentos en las nóminas.

SIN NEGOCIACION REAL Por difícil que parezca sostener una situación así sin sentarse a negociar --ha habido reuniones pero sin voluntad real de diálogo--, el Gobierno presidido por Ignacio González sacó ayer adelante la mayor privatización sanitaria de España echando mano de la mayoría absoluta de que dispone en la cámara regional. La ley, que incluye también la implantación del euro por receta, se aprobó con los 69 votos del PP y entre la catarata de críticas de la oposición, que centró sus reproches en el consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty.

"Privatizan la sanidad para hacer negocio. No es eficiencia. Señor Lasquetty, le exijo en nombre de mi grupo parlamentario que que presente su dimisión. Ha convertido la política en un ataúd", clamó el socialista Antonio Carmona. 2El señor Lasquetty ha planteado de manera imprudente e irreflexiva la privatización. El es un obstáculo en este conflicto", espetó el diputado de UPyD, Luis de Velasco. "Se condena a los madrileños al desamparo. Esta ley está hecha para dejar la sanidad pública a Capio multinacional de la gestión sanitaria", abundó Libertad Martínez, de Izquierda Unida.

CAMARA ACORDONADA Las quejas se quedaron en los discursos de los diputados porque para evitar incidentes se impidió la entrada de público en la cámara y decenas de furgones policiales impideron que nadie se acercara siquiera al reciento. Desde el PP madrileño se echó mano de los argumentos esgrimidos desde el primer día para defender la reforma. El diputado Pedro Muñoz Abrines destacó que solo se abre a las empresas la gestión pero que la sanidad seguirá siendo pública y gratuita. "En Andalucía --apuntó Muñoz Abrines-- hay muchos centros de gestión privada y nadie dice nada".

Fuera de las cuatro paredes de la Asamblea de Madrid, casi la mitad de los equipos directivos de los 270 centros de salud de la comunidad habían firmado ayer ya la carta de renuncia que harán efectiva en cuanto se saquen a concurso los 27 que se privatizarán. Y a estas dimisiones en bloque se empezaron a sumar las renuncias de 170 jefes de servicio y facultativos de hospitales a formar parte de las juntas técnico-asistenciales de los centros y de algunas comisiones de trabajo, a excepción de las de tumores y docencia.

RENUNCIAS CRECIENTES Fátima Brañas, la portavoz de la Asociación de Facultativos y Especialistas de Madrid (Afem), explicó que las renuncias seguirán creciendo en los próximos días y que son "una manera de poner de manifiesto que las relaciones con la Consejería de Sanidad y la Comunidad de Madrid están rotas". La mesa sectorial integrada por los seis sindicatos más representativos se volverá a reunir a primera hora de hoy con responsables de la consejería, aunque no esperan grandes novedades tras consumarse la aprobación de la reforma. Los próximos días se debatirán las acciones a emprender tras el periodo vacacional, pero nadie quiere enterrar el hacha de guerra.

El gobierno regional puede empezar a licitar los centros santitarios a partir del próximo martes 1 de enero, según el texto aprobado, y se calcula que las privatizaciones podrían hacer efectivas en primarvera.