El joven Alvaro Ussía, al que tres porteros de la discoteca madrileña El Balcón de Rosales le reventaron el corazón a golpes en la madrugada del sábado, estaría hoy vivo si el polémico local de ocio se hubiera cerrado como había pedido hace un mes la policía municipal por carecer de licencia. Desgraciadamente para Alvaro, la clausura de la discoteca no se hizo efectiva hasta ayer, sin que aún se sepa por qué el informe policial en el que se recogían 47 denuncias y la petición de cierre no llegó a la junta del distrito de Moncloa hasta el día anterior a la paliza.

Alvaro también seguiría probablemente con vida si el Gobierno madrileño hubiera aprobado el reglamento de porteros de discoteca que duerme en algún cajón desde hace seis años. Arrastrado por los acontecimientos, el consejero de Presidencia, Francisco Granados, anunció ayer que presentará "en muy pocos días" un borrador para fijar los requisitos de estos vigilantes. Granados subrayó la necesidad de perseguir "no solo a los responsables de un asesinato, sino también al propietario de un local que tiene en su puerta a potenciales delincuentes o asesinos". Los tres detenidos, que se encuentran en prisión provisional desde ayer, habían recibido 12 denuncias por malos tratos.

Según informó la Cadena Ser, un juez presente en el local trató de impedir la paliza identificándose, pero los porteros le contestaron con amenazas. El magistrado llamó a la policía y les denunció por desobediencia.

MANO NEGRA El ayuntamiento está investigando por qué la denuncia de cierre del pasado 12 de octubre no fue tramitada hasta el pasado viernes. El vicealcalde, Manuel Cobo, dijo que "no había dado tiempo a ejecutarla", retraso que el concejal de IU, Angel Lara, achacó a la posible existencia de "una mano influyente" que habría permitido la continuidad del local pese a carecer de licencia y seguro obligatorio.

Mientras, la titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid decretó ayer prisión provisional comunicada y sin fianza de los vigilantes de la discoteca, que responden a las iniciales Antonio S.S., David S.G. y David A.A., por un presunto delito de homicidio.

Según el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a partir de este momento será el Juzgado de Instrucción numero 43 de Madrid quien disponga del procedimiento y continúe la instrucción del caso, en el que se ha decretado el secreto de sumario.