En Málaga nunca habían visto algo parecido. Los juzgados, la comisaría y la cárcel. Las administraciones públicas se han quedado pequeñas y están desbordadas para atender a los 310 nigerianos detenidos esta semana por estafar a más de 20.000 personas en todo el mundo mediante falsos premios de lotería.

Los primeros perjudicados por la gran redada --la primera de estas características en España--, que comenzó el pasado lunes, han sido los agentes del Cuerpo Nacional de Policía, que estos días no han podido entrenarse. Los calabozos de la comisaría principal no daban abasto para tantas personas, por lo que la mayoría de los detenidos se han alojado en el polideportivo de la policía a espera de declarar.

También se viven jornadas frenéticas en los juzgados de instrucción, pese a que estaban avisados desde el mes de marzo de que se estaba realizando la investigación. El juez encargado del caso ha tenido que recurrir a sus colegas del turno de guardia para agilizar las declaraciones y se han movilizado a 45 secretarios judiciales para permitir a la policía y el FBI realizar 176 registros en varios municipios de la Costa del Sol. Todo ello, sin alterar los juicios previstos.

Además, las puertas de los juzgados han congregado a numerosos familiares de los detenidos que, angustiados, acudían a recabar información. Allí, no dudaban en relatar a los periodistas: "Se ha detenido a mucha gente buena, no todos son malos", decía una mujer con ropa tradicional de su país y esposa del dueño de un locutorio.

ALONSO NO VE EL COLAPSO Pero si en algún sitio se está notando la abultada cifra de detenidos es en la cárcel de Alhaurín de la Torre. El ministro de Interior, José Antonio Alonso, aseguró ayer que "la situación está controlada y lejos del colapso" y que la prisión de Málaga "puede acoger sin problemas a los detenidos". Sin embargo, adelantó que en caso de saturación se desviaría a los detenidos a cárceles cercanas para que acudan con facilidad a los juzgados si la instrucción del caso lo requiere.

Los funcionarios lo ven de otra manera. Más de 170 ya están en prisión, multiplicando por diez el flujo de ingresos, según fuentes penitenciarias, que se quejan de que "se están metiendo presos donde no deben". Los sindicatos dicen que la cárcel puede acoger a 900 personas y los abogados de oficio doblan turno para atender hasta a 30 clientes.