Las maltratadas que para preservar su integridad se vean obligadas a dejar su trabajo durante un tiempo o a abandonarlo tendrán derecho a cobrar el paro. El tiempo de suspensión se considerará como cotizado a la Seguridad Social.
Asimismo, las víctimas de violencia doméstica podrán reducir su jornada laboral o cambiar de ciudad. No serán todas, sino sólo aquellas que tengan una orden de protección judicial. Es decir, las maltratadas cuyos casos hayan recibido el visto bueno de un juez.
Estas son algunas de las medidas recogidas en la ley de violencia doméstica, que ayer entró en vigor después de ser ratificada en el Parlamento el pasado mes de diciembre.
A partir de ahora, las empresas que realicen contratos de interinidad para sustituir a empleadas víctimas de agresiones machistas tendrán derecho a una bonificación del 100% en las cuotas a la Seguridad Social. Es más, las trabajadoras por cuenta propia que tengan una orden de protección judicial podrán dejar de cotizar durante seis meses.
Las maltratadas también pueden acceder, desde ayer, a los derechos económicos previstos en la ley. Estos, igual que los laborales, están restringidos a las mujeres. Los hombres que sufran agresiones no pueden beneficiarse de ellos.
INGRESOS Según la norma, cuando la maltratada tenga problemas para encontrar un trabajo y carezca de ingresos --o éstos sean inferiores al 75% del salario mínimo-- recibirá un pago único. Esta ayuda será equivalente a seis meses de subsidio por desempleo. Si la víctima tiene responsabilidades familiares, el importe será el correspondiente a 18 meses.
La norma, sin embargo, nace descafeinada porque varios de sus apartados comenzarán a aplicarse en junio dada su enorme complejidad. Es el caso de las medidas más polémicas. Por ejemplo, el agravamiento de las penas y la creación de juzgados especializados.
Otros capítulos, en principio, ya pueden aplicarse, pero todavía no están desarrollados. Por ejemplo, la Delegación del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer y el Observatorio Estatal. Ambos organismos, que tendrán que dictaminar políticas para combatir el machismo, están pendientes de aprobación.
En el mismo sentido, todavía es pronto para aplicar otro de los capítulos de la ley: el educativo. La norma insta a que los alumnos, desde la educación infantil hasta la universitaria, reciban formación acerca de la igualdad de sexos.
El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, se mostró ayer convencido de que la ley contribuirá a reducir el número de mujeres que mueren a manos de sus parejas. "Los efectos se verán a medio y largo plazo", dijo.
