El Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNTP), que agrupa a 30 sociedades científicas, pidió ayer al nuevo Gobierno que prohíba fumar en sitios públicos, incluidos bares y restaurantes, como ha hecho Irlanda. "Los empleados de estos 300.000 establecimientos y sus clientes tienen derecho a no estar expuestos al humo", defendió el presidente de el CNTP, Rodrigo Córdoba.

A juicio de este neumólogo aragonés, la tendencia en toda Europa hacia la prohibición es "ineludible". "Como en el trabajo, más tarde o más temprano, bien mediante legislación española o comunitaria, antes de dos años se acabará imponiendo", vaticinó Córdoba.

El comité recuerda, con motivo del Día de Lucha contra el Tabaco que celebra hoy la UE, que esta sustancia ocasiona cada año 400.000 cánceres de pulmón en Europa, 20.000 de ellos en fumadores pasivos. En España las cifras se elevan a 57.000 y 1.200, respectivamente.

"No se puede permitir que se siga fumando en lugares públicos, y mucho menos, cerrados. El tabaco es la droga más dañina que jamás hemos tenido. Mata a ocho personas al minuto y a cuatro millones de personas al año", avisó Manuel de las Heras, presidente de la Sociedad Española de Radioterapia y Oncología.

PERDIDAS ECONOMICAS La Federación Española de Hostelería calcula que una prohibición como la de Irlanda supondría un caída de la clientela y unas pérdidas económicas en torno al 8%. Su presidente, José Luis Guerra, asegura que ha mejorado mucho el ambiente con espacios de fumadores y no fumadores y sistemas de renovación del aire.

Los médicos discrepan. Córdoba asegura que los hosteleros no han perdido negocio por ejemplo en el estado de California, donde está prohibido fumar en todos los locales públicos desde 1998, en Nueva York y en algunas ciudades del norte de Europa. "Dejar fumar en todo el local es tirar piedras contra su propio tejado. Se quitan el 70% de clientes potenciales, españoles adultos que no fuman y muchos dejan de ir a estos locales o apenas permanecen en ellos por el humo", rebate Córdoba.

Para el CNPT las autoridades deben empezar por hacer cumplir la ley de 1988, que prohíbe fumar en la mayoría de estancias públicas. La norma fija sanciones desde 3.000 a 60.000 euros (de medio millón a 10 millones de pesetas). Pero no se conoce ningún caso en que se haya impuesto una multa por este concepto. "Ahora no se cumple en el 45% de sitios en los que no se debe fumar", lamentó.