El presidente de la Sociedad Española de Reproducción Asistida (SEF), Roberto Matorras, se mostró ayer partidario de autorizar en España las llamadas madres de alquiler para aquellas mujeres sin útero o fibromas que no pueden gestar un hijo en su vientre. No obstante, matizó que esta autorización "no debe suponer una liberalización". La ley de reproducción asistida, cuyo anteproyecto se aprobará el próximo jueves en el Congreso de los Diputados, prohibe totalmente esta figura.

La SEF considera excesivo el veto y asegura que las sociedades europeas de bioética tienden a admitir algunos supuestos de maternidad subrogada --como prefieren denominarla--, por ejemplo dentro de la familia, siempre que no sea una práctica lucrativa y se den todas las garantías.

Matorras y Francisco Javier Marqueta, director del Institut Balear de Infertilidad (IBI), comentaron positivamente la futura ley y advirtieron que la elección del sexo, no admitida, implica mayores problemas éticos, aunque indicaron que médicamente es posible y sencillo de hacer.

Ambos aseguraron ayer, durante la presentación de los últimos datos sobre reproducción asistida en España, que los tratamientos de fertilidad logran alrededor de un 30% de embarazos, el doble que hace un década. Según su balance, unas 600.000 parejas sufren problemas de fertilidad y una de cada 1.000 deberá recurrir a algún método de reproducción asistida para poder concebir un hijo.

La Conferencia Episcopal condenó ayer la reproducción humana asistida y prohibió a los "diputados católicos" que la apoyen, porque abre la puerta a la "producción de humanos clónicos".