Las subidas del precio de los alquileres que experimentan las grandes ciudades españolas se quedan pequeñas al lado de lo que está ocurriendo en Lisboa y otras ciudades portuguesas. La presión turística y la llegada de fondos inversores europeos había encontrado allí un terreno abonado para prosperar, dado que los contratos de alquiler se renuevan anualmente, con lo que el inquilino queda completamente en manos del propietario. El Gobierno del socialista António Costa, apoyado por Bloco de Esquerda, comunistas y verdes, ha tomado medidas conduntes para acabar con esta situación. La más drástica ha consistido en prorrogar de por vida los contratos de las personas de más de 65 años y las que tengan un grado de discapacidad superior al 60%.

Otra medida del Gobierno dificulta los desahucios justificados por la realización de obras en una propiedad determinada. Se establece que en caso de obras «serias» -cuyo coste sea de al menos el 25% del valor de mercado de la propiedad- los contratos de arrendamiento en vigor quedarán suspensos, pero no cancelados de manera unilateral. Los inquilinos tendrán derecho a volver a la propiedad una vez concluyan las obras contempladas.

El denominado Programa de Alquileres Accesibles ofrece también jugosos beneficios fiscales para los propietarios que acepten alquilar a precios asequibles. Quienes alquilen sus propiedades durante al menos tres años por el 20% menos del valor del mercado tendrán derecho a una reducción del IBI de al menos 50% y quedarán exentos de pagar el impuesto sobre los alquileres de espacios residenciales. Si el contrato en estas condiciones supera los 10 años, el propietario tendrá derecho a rebajarse el IRPF del 28 al 14%; si supera los 20 años, solo pagará un IRPF del 10%.