"No tienes derecho a pagas ni a vacaciones porque eres ilegal". Esta es la contestación que Patricia, boliviana y empleada del hogar, recibió de su jefe cuando comenzó a trabajar en España. Una respuesta que refleja la precariedad laboral que sufren medio millón de mujeres, en su mayoría inmigrantes, que trabajan en la economía sumergida pese a que su labor es fundamental no solo en España, sino también en sus países de origen, a los que cada año envían miles de remesas de dinero.
Intermón Oxfam presentó ayer un informe que recoge el testimonio de Patricia y decenas de trabajadoras más que, en opinión de la oenegé, sufren una "triple discriminación", por ser mujeres, inmigrantes y empleadas del hogar. "El ser mujeres las condiciona casi exclusivamente al trabajo del hogar; la falta de previsión de las políticas de inmigración contribuye a que la mayoría estén en situación irregular, y ello las condiciona a la hora de exigir derechos y condiciones dignas de trabajo y salario", criticó la miembro de la oenegé Mónica Coronas.
Según el informe, la mayoría de las extranjeras solo disponen de un contrato verbal, lo que hace que puedan ser despedidas en cualquier momento sin derecho a cobrar el paro. Además, aquellas que sí disponen de contrato están bajo el régimen de empleadas del hogar, con una cobertura inferior en casos de enfermedad respecto al régimen general. "No queremos ir contra ningún empleador, sino tener una ley que no nos reste garantías", exigió la colombiana Beatriz Vahos.
OTRO PROBLEMA La peruana Donatila Gamarra también dio testimonio de esa paradoja a la que se enfrentan miles de mujeres procedentes de países andinos, y ha incidido en la vulnerabilidad de un colectivo que afronta la separación de sus seres más queridos, pero que es consciente al mismo tiempo de que sin sus aportaciones económicas aquellos no mejorarían sus condiciones económicas y sociales, y sobre todo sus expectativas futuras.
