«Llevamos 15 horas atrapados, muertos de frío, sin que nadie, nadie, haya venido no ya a traernos algo de comida o agua, sino un mínimo de información». Este es uno de los cientos de mensajes lanzados por los afectados en las redes sociales o los medios de comunicación durante la fatídica madrugada del domingo. A la vista de estos testimonios y de las primeras versiones facilitadas por el Gobierno y la concesionaria parece claro que se cometieron tres errores graves en la gestión de la crisis: la falta de advertencias a los conductores, el retraso en cerrar la autopista y, sobre todo, la falta de asistencia a los que habían quedado atrapados. La Unidad Militar de Emergencias (UME), la que a la postre acabó con el caos, no llegó a la zona cero hasta nueve horas después de que empezara la nevada.

El director de Tráfico, Gregorio Serrano, sostiene que los conductores estaban advertidos y que se lanzaron miles de mensajes en los pórticos luminosos, pero conductores que a las cinco de la tarde se dirigían al desastre contradicen esta versión y aseguran que el único aviso es que tuvieran precaución porque había máquinas esparciendo sal en la calzada.

Abertis había pedido a esa hora tan temprana el corte de carriles para poder limpiar. El corte total no se hizo hasta las once, cuando el desastre estaba servido. Algunos resbalones y salidas de los carriles paralizaron los coches que acabaron rodeados por la nieve con temperaturas de hasta tres grados bajo cero.

A partir de ese momento empezó el retraso que parece más incomprensible, el de la solicitud de colaboración de la UME. Hasta las dos de la madrugada del domingo los primeros soldados no empezaron a llegar. Se enviaron 240 efectivos, insuficientes para la tarea titánica encomendada. Los que tuvieron suerte recibieron ayuda a partir de esa hora pero los más alejados no la tuvieron hasta bien entrada la mañana pese al ingente esfuerzo de los militares y los agentes de la Guardia Civil, que sacaban los coches a empellones y la nieve a paletadas. Ahora, todas las partes implicadas reclaman más coordinación con las comunidades autónomas.