El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Angel Moratinos, anunció ayer que España impedirá durante dos años la libre entrada de trabajadores de Rumanía y Bulgaria, que el 1 de enero ingresarán en la Unión Europea. Moratinos afirmó que el Gobierno sigue al respecto una política "muy clara" y recordó que la misma moratoria se aplicó a los 10 países del Este que ingresaron en la anterior ampliación comunitaria.
El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, negó con posterioridad que se haya adoptado decisión alguna al respecto. Señaló que el Gobierno ha iniciado consultas con los agentes sociales y otros países de la UE para analizar las posibles medidas a tomar, que deben ser meditadas, dijo, "con cuidado y seriamente". En el mismo sentido se pronunció una fuente de la vicepresidencia del Ejecutivo, que consideró precipitadas las declaraciones de Moratinos.
"DE MANERA NATURAL" Los comunitarios informarán el próximo 1 de diciembre de sus respectivas posiciones, es decir, si aplican o no a los trabajadores rumanos y búlgaros una moratoria, que sería de siete años como máximo. Moratinos dijo que España impondrá las restricciones durante dos años, al cabo de los cuales las podría levantar "de manera natural y normal", como hizo el 1 de mayo pasado con Polonia y otros países.
En paralelo a la moratoria, el jefe de la diplomacia dijo que España podrá establecer mecanismos para "flexibilizar" la incorpración de rumanos y búlgaros al mercado laboral español, ya sea mediante una ampliación de cupos u otras fórmulas. Fuentes de Exteriores aclararon que este procedimiento será decidido por el Ministerio de Trabajo.
La Federación de Asociaciones de Rumanos en España (hay unos 382.000 empadronados) lamentó el anuncio, el PP habló de "hipocresía" y los sindicatos expresaron su malestar al no haber sido consultados.
