El caso del rastreo de datos personales en las wifis públicas por parte de Google ha acabado con multa también en España siete años después. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha impuesto una multa de 300.000 euros a Google España, la máxima posible, por recoger y tratar sin permiso datos personales como correos electrónicos y direcciones de redes y dispositivos.

Varios coches de Google Maps recorrieron entre el 2008 y 2010 las calles de todo el mundo con la intención de fotografiar las calles de las principales ciudades, pero acabaron recogiendo indiscriminadamente información que captaban de redes wifi y que incluían los datos que almacenaban algunos routers.

La empresa tenía la intención de incorporar esos puntos wifi a su servicio, pero en lugar de desechar la información personal que no le interesaba, la conservó y la trató.

El caso lo destapó Alemania y fue uno de los primeros que activaron una protesta conjunta de los organismos de privacidad. En concreto, las quejas contra la política de privacidad de la empresa fue la primera actuación del llamado Grupo de Trabajo del Artículo 29, en el que las agencias de protección de datos europeas contrastan sus actuaciones.

La AEPD abrió entonces una investigación de oficio que tuvo que suspender después de que un abogado, Miguel Ángel Gallardo, en nombre de la asociación Apedanica, demandara a Google por «espionaje masivo». El juzgado, tras años de pleito, ha acabado desestimando la reclamación y ha archivado el caso, lo que ha permitido a la AEPD recuperarlo y, tras investigarlo como asunto de protección de datos, emitir su sanción, la mayor que le permite la normativa y que asciende a 300.000 euros. No es la primera multa que le cae a Google por este tema.

Google tenía la intención de incorporar los puntos de acceso wifi a Google Maps, una medida que le valió varios problemas administrativos. Alemania ya le impuso una sanción en el 2010, Grecia le prohibió actuar hasta 2014, cuando lo autorizó finalmente, y en Estados Unidos también le obligaron a abandonar la recolección de datos y le impusieron otra multa, de 25.000 dólares, por obstruir la investigación judicial, aunque no le consideraron culpable. Luego se supo que la compañía había tolerado el proyecto y que la recopilación de datos no era un error, como arguyó inicialmente.