La reforma de la ley de extranjería pactada por el PP y el PSOE no resolverá el peor problema de la inmigración: los sin papeles que se hallan en territorio español sin posibilidad de regularizar su situación y ni de poder ser extraditados, porque España no mantiene convenio bilaterales con sus países de origen.
IU llega a cifrar ese colectivo en unas 600.000 personas. "Creemos que ahora ya llegan a los 700.000 y, desde luego, la reforma no resuelve ni de lejos su situación", subrayó ayer Begoña Sánchez, portavoz de SOS Racismo.
La gran novedad de la reforma es la inclusión de un visado de tres meses, el tiempo pensado para buscar un trabajo en España, del que podrán beneficiarse los hijos y nietos de españoles residentes en el extranjero. También podrán acogerse otros sin relación familiar con españoles, cuyo perfil fijará anualmente el Gobierno al establecer los contingentes o cupos que pueden venir a trabajar.
Esta segunda opción está pensada, según el sindicato UGT, para cubrir la demanda de mano de obra extranjera existente en el ámbito del servicio doméstico.
