Los obispos españoles consideran que el reconocimiento jurídico de las uniones homosexuales y su equiparación con el matrimonio constituirían un "error y una injusticia de muy negativas consecuencias" para el bien común y el futuro de la sociedad.

Esta es una de las conclusiones de la nota aprobada por el comité ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española (CEE), dada a conocer ayer a los medios por su portavoz y secretario general, Juan Antonio Martínez Camino, quien expresó su esperanza de que el futuro proyecto de ley sobre matrimonios homosexuales no llegue a aprobarse.

En esta nota titulada En favor del verdadero matrimonio se afirma que los parlamentarios católicos "tienen el deber moral de expresar clara y públicamente su desacuerdo y votar en contra" de la futura norma.

MATRIMONIO CLASICO Los obispos califican de "inusitada innovación legal" este futura ley y afirman que tienen el deber de recordar algo "tan obvio y natural" como que el matrimonio no puede ser contraído más que por personas de diverso sexo: una mujer y un varón.

En opinión de la CEE, a dos personas del mismo sexo no les asiste "ningún derecho" a contraer matrimonio entre ellas, por lo que el Estado no puede reconocer este derecho "inexistente" a no ser actuando de un modo "arbitrario" que excedería sus capacidades y que juzgan que "dañará muy seriamente el bien común".

En su nota para manifestarse en contra de este matrimonio aducen razones de tipo antropológico, social y jurídico considerando, por ejemplo, que las relaciones homosexuales al no expresar el valor antropológico de la diferencia sexual, no realizan la complementariedad de los sexos ni, "evidentemente", pueden engendrar hijos.

Afirman también que el bien superior de los niños exige que no sean encargados a los laboratorios, pero tampoco adoptados por uniones de personas del mismo sexo.

En cuanto a las razones sociales, la CEE asegura que la historia universal confirma que ninguna sociedad ha dado a las relaciones homosexuales el reconocimiento jurídico de la institución matrimonial, y agrega que si el Estado procede a dar curso legal a estas uniones, la institución matrimonial "quedará seriamente afectada".

Los obispos consideran que "fabricar moneda falsa es devaluar la moneda verdadera y poner en peligro todo el sistema económico".