La lucha por el tesoro del Cisne Negro, que se desencadenó en mayo, se enmaraña y oscurece cada día más. El lunes, Odyssey Marine Exploration, la empresa estadounidense que halló en un lugar aún no desvelado públicamente el pecio de 500.000 monedas de plata y oro que España reclama como de su propiedad, presentó el lunes ante un tribunal de Tampa (Florida) nueva documentación y su diana es el Gobierno español. España considera que el botín le pertenece porque fue hallado en aguas de su jurisdicción.
La empresa cazatesoros ha convertido a España en acusado en las tres causas abiertas sobre el caso en las que reclama indemnizaciones y pide un acuerdo de confidencialidad. Una de las recriminaciones al gobierno español es la de filtrar informaciones clasificadas.
La compañía anunció que buscará una compensación de hasta el 90% del valor del tesoro --estimado en 373 millones de euros-- en el caso de que los tribunales den a España la soberanía sobre el pecio. Además, pide indemnizaciones por los "daños causados por la interferencia de España".
La compañía solicita también que, antes de entregar a España informes con datos detallados sobre las exploraciones, las autoridades firmen un acuerdo de confidencialidad. El abogado de la compañía alega que "hay una historia de repetidas filtraciones de información confidencial por parte de algunas agencias del gobierno español" y afirma que el letrado de España en EEUU, James Goold, preside una organización que es "competidora potencial" en la exploración arqueológica submarina.
