Invitado por clínicas abortistas y colectivos feministas, un velero de bandera holandesa llegará el próximo jueves al puerto de Valencia para que ocho mujeres monten en él, naveguen hasta aguas internacionales y, una vez allí, interrumpan su embarazo. Cuando se están dando los primeros pasos para una nueva ley que sustituya a la actualmente en vigor, la iniciativa pretende reivindicar que la futura norma regule el aborto libre hasta las 24 semanas de gestación, límite de la viabilidad fetal según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Sin embargo, los abortos que se practicarán en el barco, propiedad de la oenegé Women on Waves (Mujeres sobre las Olas), serán de hasta siete semanas y mediante el método farmacológico, es decir, con píldoras de Mifepristona, más conocida como RU-486, cuya tasa de éxito es del 97%. Las tres primeras interrupciones se llevarán a cabo el viernes, y las cinco restantes, el próximo lunes. Cualquier mujer que quiera ser intervenida puede apuntarse.

La llegada de la oenegé se enmarca en una semana en defensa del derecho al aborto que comenzó ayer en Valencia y organizan más de 100 colectivos de mujeres de toda España y por la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI). Mujeres sobre las Olas está autorizada por el Gobierno holandés para practicar abortos en aguas internacionales --en el caso de Valencia, estas se encuentran a 30 kilómetros del puerto-- y la ley que rige en el buque es la del país cuya bandera ondea en el mismo: Holanda, que solo exige la firma de la mujer que quiere interrumpir su embarazo. La embarazada, por tanto, no necesita la autorización de ningún especialista médico, como exige la normativa española actual.

SIN AUTORIZACION "Las mujeres que así lo decidan van a poder ejercer su derecho a interrumpir el embarazo dentro de los plazos legales europeos sin otra autorización", explicó ayer Encina García, representante de los colectivos feministas. La reforma de la legislación española sobre el aborto, que ya tiene 23 años, es el objetivo de la iniciativa. "Es una ley ambigua y obsoleta a la que se acogen grupos reaccionarios para realizar denuncias absurdas y sin pruebas contra médicos y pacientes que ejercen su derecho", declaró ayer Josep Lluís Carbonell, miembro de ACAI.

Durante el 2007, se practicaron en España 101.592 abortos, el 98% en centros privados autorizados, hecho que también criticaron los colectivos feministas, que consideran que los públicos no cumplen esta prestación.