La sentencia sobre la Manada sigue generando airadas reacciones. La más contundente llegó ayer de la Purna Sen, la coordinadora ejecutiva de la organización de Naciones Unidas para promover la igualdad de género, ONU Mujeres, que ha lamentado la condena de nueve años de cárcel contra los cinco jóvenes condenados por la Audiencia de Navarra porque «subestima la gravedad» de los hechos y supone un incumplimiento de las «obligaciones claras» de los Estados de proteger los derechos de las mujeres.

Pero no ha sido la única. La controvertida sentencia también ha recibido críticas generalizadas en la Eurocámara, durante un debate sobre la aplicación en España de los estándares internacionales sobre violencia sexual.

El caso llegó de la mano de Podemos, que consiguió apoyos suficientes de la izquierda, los socialistas, verdes y eurodiputados nacionalistas para modificar la agenda e incluir una discusión de última hora pese al intento de bloqueo del PP. Salvo un breve rifirrafe entre la eurodiputada del PP, Rosa Estarás y la socialista Iratxe García, el debate no tuvo fisuras y el vicepresidente Pavel Telicka así lo subrayó al término del mismo. «Es una de las raras ocasiones en las que hay un consenso generalizado y esto destaca lo inaceptable del caso». Varios fueron los eurodiputados que dijeron estar «indignados», «asqueados» y «escandalizados» por este caso y muchos han alertado del problema: la falta de aplicación del Convenio de Estambul.

COMISARIA DE JUSTICIA // En el debate participó la comisaria de Justicia, Vera Jourova, que no quiso valorar la decisión consciente de la controversia que ha desatado el caso. «No estoy aquí para criticar la decisión de un tribunal español», pero confía en que el Tribunal Supremo «decida con rapidez y eficacia sobre el recurso». La responsable de justicia europea también deseó «personalmente a la víctima del caso su recuperación anímica y física lo más rápidamente posible de un hecho tan violento» y recordó que lo que necesitamos es que las leyes «se apliquen de forma adecuada».

La realidad es que no hay legislación en la Unión Europea que ofrezca una definición sobre violación o abuso sexual. Sí lo hace en cambio el Convenio de Estambul, ratificado por buena parte de los Estados miembros, que lo define como todo acto sexual sin consentimiento. Solo 9 países, sin embargo, han tipificado como delito las relaciones sexuales no consentidas.

Para algunos el problema es que los gobiernos no han modificado sus leyes pese a haberse comprometido. «¿De qué sirve que firmen el convenio si no lo aplican? ¿De qué vale esta unión si no puede proteger a las mujeres?», lamentó Angela Vallina (IUE). Para otros el problema radica más bien en la interpretación que han hecho los jueces. «El problema no está en el código penal sino en la interpretación que se hacen de las leyes».

Algo en lo que coincidió Jourova, porque «cuando no hay una interpretación correcta --y no me refiero a este caso--, los autores del delito sentirán que hay impunidad» y verán que «les sale barato». A su juicio este tipo de casos no solo representan un problema jurídico sino también moral.