El pacto de Estado por la Educación parece imposible, al menos con el apoyo del PP. Partidos, sindicatos y consejeros dispondrán hasta el 6 de mayo para pronunciarse sobre el texto definitivo, que "llega al máximo de la capacidad de consenso", según dijo ayer tras su presentación el ministro de Educación, Angel Gabilondo. El documento defiende el bilingüismo actual y, entre sus medidas acompañadas de un presupuesto de 1.570 millones de euros, recoge reivindicaciones del profesorado, como la prórroga de su jubilación voluntaria a los 60 años.

Aunque cuenta con el apoyo de la comunidad educativa y de las autonomías gobernadas por el PSOE, el PP adelantó que solo aceptará "acuerdos puntuales", ya que sigue sin recoger sus exigencias como la enseñanza en castellano como lengua vehicular, el reconocimiento de la autoridad del profesor, la homogeneización de cuerpos docentes y programas comunes para los alumnos de toda España.

El texto, compuesto por 12 objetivos con 148 acciones, recoge una memoria económica de 1.570 millones de euros durante los próximos tres años (590 millones para el 2011, otros 590 millones para el 2012 y 390 en el 2013). También establece el compromiso progresivo del gasto público en Educación hasta alcanzar la media de los países de la UE en el 2020. Los distintos grupos políticos alabaron el esfuerzo económico.

El documento aborda todas las reivindicaciones sindicales. Además de aprobar el estatuto docente antes de que acabe el año, incorpora la demanda conjunta de todos los sindicatos de la enseñanza que habían condicionado su apoyo al pacto al mantenimiento de la jubilación voluntaria de los profesores a los 60 años. El texto recoge la prórroga de esa posibilidad (que finaliza en agosto del 2011) al menos hasta que se reúna el Pacto de Toledo y se acuerde el nuevo marco de jubilaciones en España. El documento se compromete a reforzar la autoridad social del profesor, pero no le concede el grado de autoridad pública, como pide el PP.

LENGUA VEHICULAR El texto recoge por primera vez en su preámbulo una alusión a la enseñanza del castellano en las comunidades bilingües. Pero lejos de la "cuestión capital" para el PP de que se regule por ley que un alumno pueda aprender en castellano y que un centro escolar pueda ofrecerlo como lengua vehicular, el texto mantiene una referencia parecida a la de los documentos previos y a la LOE.

El texto mantiene su propuesta de realizar cuatro evaluaciones en 4º y 6º de primaria y 2º y 4º de la ESO, y una general para toda España, así como la creación de un 4º de la ESO como curso puente al Bachillerato. Propone dos vías en este curso, una enfocada hacia el Bachillerato y otra hacia la FP, aunque ninguna de las dos son excluyentes.

Gabilondo plantea "revisar la estructura del Bachillerato para flexibilizar su organización y fijar los procedimientos necesarios para que el alumnado pueda superar todas las materias", lo que ha sido interpretado como una puerta abierta a debatir un Bachillerato de tres años. Esta es una reivindicación no solo del PP, sino de los sindicatos, habida cuenta del exceso de contenidos concentrados en dos años.

De la propuesta presentada ayer se ha caído uno de los primeros anuncios que hizo Gabilondo para blindar las posibles reformas: que los cambios legislativos en materia de Educación se realizasen contando con dos tercios de los votos del Congreso de los Diputados y del Senado.