La Comisión del Pacto de Toledo aprobó ayer, por 36 votos a favor y dos en contra, 21 recomendaciones para la reforma de las pensiones que dejan solo en manos del Gobierno el polémico tema de alargar la edad de jubilación a los 67 años. También se advierte expresamente de que los grupos parlamentarios no han logrado un consenso sobre este tema. Por primera vez en los 15 años de existencia del pacto no hubo unanimidad precisamente por el empeño del Gobierno sobre el retiro.
Los grupos que apoyan al Ejecutivo en este tema como CiU advirtieron del conflicto político que se le abriría en los próximos meses al presidente José Luis Rodríguez Zapatero si impone por ley la jubilación a los 67, tal como ha dicho que hará. Pero estos mismos grupos no desvelaron ayer qué harán si el Gobierno aprueba el 28 de enero un proyecto obligando a retrasar la jubilación. Mientras, pesa la amenaza de los sindicatos de convocar una nueva huelga general para finales de enero.
El PSOE logró el apoyo de PP, CiU y PNV para un documento tan ambiguo y general que se presta a varias interpretaciones. Para los socialistas y los nacionalistas vascos y catalanes, se lanza un mensaje al Gobierno para que no legisle sobre el retiro. El PP, por el contrario, no se fía. Su portavoz, Tomás Burgos, anunció que presentará un voto particular en el pleno del 25 de enero, en el que se prevé la aprobación definitiva de las recomendaciones, para que figuren explícitamente los 65 años como la edad legal de jubilación obligatoria. El voto afirmativo de ayer "no es un sí indiscriminado al Gobierno", dijo Burgos, que añadió: "La mejor reforma estructural es la creación de empleo".
Para los grupos minoritarios de la izquierda --IU-ICV, ERC y BNG-- la ambigüedad del texto aprobado es un cheque en blanco al Ejecutivo o un "traje a medida", según Joan Tardà (ERC). O lo que es peor, convierte las conclusiones en "papel mojado", según Gaspar Llamazares, de IU.
Los dos votos en contra de ayer se traducirán en un voto particular contra las dos recomendaciones que dejan expresamente al Ejecutivo la decisión, previo diálogo con los agentes sociales, sobre la edad de jubilación y el periodo de cálculo para fijar la cuantía de la pensión.
Tanto el PP como la izquierda lamentaron que la comisión haya trabajado durante casi todo este año bajo la "presión" de los compromisos que ha adquirido el Ejecutivo ante los organismos internacionales. Este es un reproche al que se sumaron PNV y CiU.
