Si tuvieran más de 18 años, probablemente se enfrentarían a 30 años de cárcel. Por su brutalidad, alevosía y ensañamiento. Pero son menores, así que su pena no pasará de los ocho años de reclusión en un centro de internamiento. Dos jóvenes de 17 años y otro de 14 se sentaron ayer en el banquillo del Juzgado de Menores número 4 de Madrid. Los tres están acusados de violar, atropellar, quemar viva y asesinar en Leganés (Madrid) a una joven de 22 años. La víctima se llamaba Sandra Palo y tenía una leve disminución psíquica. Sus padres acudieron ayer al juzgado y volvieron a reclamar la modificación de la ley del menor para que ésta contemple penas más duras.
El fiscal pidió para Ramón (R. F. G.) y Ramoncín (J. M. R.) el máximo permitido: ocho años de internamiento en régimen cerrado y cinco de vigilancia. Para Pumuki (R. G. F.) cuatro de internamiento y tres de vigilancia. Los tres admiten los hechos, aunque cayeron en contradicciones.
Desde que Sandra fue asesinada, el 17 de mayo, sus padres sólo se dedican a una tarea: recoger firmas para que el Parlamento modifique la ley del menor, una controvertida norma que entró en vigor en 2001 y que elevó la edad penal de los 16 años a los 18. Según Francisco y María del Mar, la ley tiene "graves defectos". Por ejemplo, impedir que los familiares de las víctimas ejerzan la acusación particular.
El ministro de Justicia anunció un "principio de acuerdo" para endurecer la normativa.
