El Congreso de los Diputados aprobó ayer definitivamente la ley de reproducción asistida, sin los cambios introducidos por el PP en el Senado y con su oposición. La norma permitirá la selección genética de embriones con fines terapéuticos para curar a hijos enfermos.
Según la titular de Sanidad, Elena Salgado, unas 150 familias podrán usar ya esta técnica, puesto que la norma no precisa tener un desarrollo reglamentario.
Actualmente, las familias que se lo pueden permitir económicamente viajan a países como Estados Unidos, Reino Unido, Australia o Bélgica donde está permitido este tratamiento, con un coste a partir de 40.000 euros, para intentar salvar a niños que padecen enfermedades hereditarias como la anemia de Fanconi, la aplasia medular o algunos tipos de leucemia.
"Las familias que lo desean ya pueden tramitar sus peticiones. Es preceptivo, para evitar abusos, un informe favorable de la Comisión Nacional de Reproducción Asistida. La autorización corresponde a la comunidad autónoma donde reside la clínica que va a llevar cabo este diagnóstico preimplantacional", explicó Salgado.
MENOS RESTRICCIONES La norma crea un registro de actividad de los centros, que estarán obligados a informar cada año de sus tasas de éxito y del número de embriones que conservan. También establece un régimen de sanciones con multas de hasta un millón de euros.
La nueva norma elimina las restricciones a la reproducción asistida impuestas por el PP en el 2003, como limitar a tres óvulos fecundados en cada ciclo de tratamiento al que se somete una pareja con problemas de fertilidad. No obstante, se conserva la limitación de tres embriones a implantar en el útero para reducir los embarazos y partos múltiples.
La ley de reproducción asistida abre la puerta a que todos los embriones sobrantes se puedan donar a otras mujeres (como todas las donaciones, de manera altruista), destruir o, si la mujer o la pareja así lo deciden después de haberse informado, ser dedicados a la investigación.
La ley del 2003 sólo permitía investigar con aquellos embriones de menos de 14 días congelados antes de la aprobación de la norma.
CRITICAS DEL PP La mayoría de los portavoces parlamentarios apoyaron al PSOE y argumentaron que la ley responde al interés general, cuenta con el respaldo científico y está pensada para las personas que la quieran utilizar.
En contra, la diputada del PP Mercedes Roldós afirmó que la reforma no tiene justificación clínica ni demanda social, sino que responde al programa electoral del PSOE para borrar los avances del Gobierno de Aznar.
La Conferencia Episcopal Española recordó ayer que ya expresó su rechazo a los "graves atentados contra el ser humano" que en su opinión permitirá la ley.
