Isabel Pantoja pagó una mordida para adoptar a Chabelita, de 8 años. Y ese peaje ingresó en la caja de sobornos del exjefe de espionaje peruano Vladimiro Montesinos. El presidente del Tribunal Constitucional de Perú, Javier Alva Orlandini, levantó ayer acta del engaño y aseguró que la tonadillera "tuvo que pasar por las oficinas de Montesinos para pagar a fin de adoptar a la niña peruana".
A pesar de que el Rasputín de Alberto Fujimori se cobró su impuesto revolucionario, la adopción de Chabelita (en la foto, junto a Isabel Pantoja) es totalmente legal, aseguró ayer el presidente del Constitucional. El juez disculpó a la cantante y aseguró que había sido víctima de la red corrupta de Fujimori.
El presidente del Tribunal Constitucional no puso cifras al soborno. Quien sí puso ceros a las tarifas ilegales fue el ahora desaparecido diario Hoy. El pasado mayo, el periódico denunció que el pago había ascendido a 80.000 euros (13,3 millones de pesetas). Además, mantenía el rotativo, el delito había contado con el beneplácito del entonces presidente Fujimori, quien en 1996 incluso acompañó a Pantoja "a elegir a la niña".
El eslabón entre la tonadillera y Montesinos tiene un nombre: Domingo Castro Garachena, un empresario artístico hoy desaparecido que conocía a un hombre de confianza de Montesinos en el Poder Judicial. El mismo diario Hoy también denunció que la adopción millonaria no fue un hecho aislado, sino que el antiguo responsable de Inteligencia tenía una red clandestina de tráfico de menores que contaba con la complicidad de los jueces.
MALAS COMPAÑIAS
El currículo delincuente de Montesinos es eterno. Sus padres quisieron que paseara el nombre de Lenin con dignidad, pero él tenía otros planes para su futuro. El inventario de los delitos que cometió el asesor de Fujimori, además de montar una red de espionaje a personalidades del país, habla de tráfico de drogas, de armas, lavado de dinero, corrupción, cohecho, crímenes de lesa humanidad, lesiones graves, abuso de autoridad, extorsión, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y falsificación de documentos, entre otros.
