Hay papeles que te pueden cambiar la vida. La nacionalidad, por ejemplo. Para los paridos en el territorio (sea este o cualquier otro) es algo que se da por hecho, como heredar los ojos marrones o azules de tus padres. Pero para los que vienen de otro país con la idea de echar raíces, de empezar de cero y tener una vida mejor, este documento es un hacedor de sueños. Por eso la frustración por la larga espera es proporcional a las esperanzas depositadas en obtenerla. España arrastra un retraso inquietante en materia de resolución de expedientes de nacionalización. Dicen los expertos que nunca hubo tanta demora, de más de dos años. Ser español es cada vez más complicado.

El encierro en la Escuela Massana de Barcelona reclamando más y mejores derechos para los inmigrantes ha vuelto a poner sobre la mesa la situación de las decenas de miles de personas que intentan legalizar su situación en nuestro país. Se quejan de un «laberinto burocrático» que pone palos en las ruedas de su proyecto de vida, y de una espera que les hace imposible poder organizar su futuro.

TIRAR LA TOALLA / Guadalupe Membrives es abogada especialista en temas de extranjería y lleva 30 años ejerciendo. Cuenta que ahora se están resolviendo nacionalidades «presentadas en el último trimestre del 2014», aunque hay casos de años anteriores, del 2012 y 2013, que tampoco están cerrados. «En toda mi vida profesional, jamás había visto un retraso como el que tenemos ahora. Habíamos tenido nueve meses o incluso un año y medio, pero nunca lo que estamos viviendo estos días, es un desastre».

Un portavoz del Ministerio de Justicia asegura que la media de espera es de dos años y excusa la demora -hay expedientes más complicados que otros, en función de los trámites y las comprobaciones que requieran- en un cambio informático que se produjo a principios del año pasado. «Hubo un poco de parón, pero se está recuperando el ritmo», afirma.

El número de concesiones, según las cifras oficiales, ha experimentado una ligera caída, como también lo ha hecho el número de solicitudes. Membrives achaca la reducción de peticiones al «hastío que genera tanto retraso». En resumen, muchos tiran la toalla. Así lo reflejan las estadísticas: entre el 2012 y el 2016 (en el 2017, los efectos de la migración informática no permiten comparar los números), las solicitudes descendieron un 25%.

No solo se trata de perder la esperanza y abandonar la carrera; también está el ahorrarse un dinero que a muchos de los aspirantes no les sobra en absoluto. Entre el examen y las tasas hay que desembolsar 301 euros. Y luego, a esperar. En los tres primeros meses del 2018 se han tramitado 21.606 expedientes, con lo que todo parece indicar que se recuperará el ritmo anterior al excepcional 2017.

Los exámenes que dan acceso a presentar la solicitud siguen celebrándose con normalidad. Su funcionamiento se modificó tras la reforma de la ley (octubre del 2015) que regula el procedimiento de nacionalidad por residencia. Se pasó de la arbitrariedad a un criterio unificado que evita que cada registro civil improvise sus propios controles de calidad. Se cedió la gestión al Instituto Cervantes, encargado del temario y de las preguntas, tipo test. En conversación con este diario, el coordinador de los exámnes de este organismo, Philippe Robertet, explica su funcionamiento.

La prueba se divide en dos. La de lengua (los latinos están exentos de ella) es equivalente al nivel A2 de español (como el First Certificate de inglés o el Delf de francés), y el porcentaje de aprobados, un 72%, es similar al que registra este mismo grado en los exámenes que el Cervantes realiza en todo el mundo. El A2, detalla Robertet, «permite desenvolverse en el día a día, es decir, la persona no será capaz de mantener una conversación muy abstracta pero sí es capaz de abrir una cuenta corriente o de escuchar por megafonía la llegada de su tren».

PREGUNTAS RARAS / El otro, de tipo test, y con 25 preguntas, obliga a responder correctamente un mínimo de 15, y lo pasan el 97% de los postulantes. Ya son historia las cuestiones cuanto menos controvertidas sobre quién cantaba el tema Noelia o los nombres de los ríos andaluces.

Los conocimientos se dividen en cuatro grandes áreas: Gobierno y legislación, territorio, cultura e historia y sociedad española. El responsable del Cervantes asegura que los resultados de las pruebs se hacen llegar al Ministerio de Justicia en un plazo de entre 20 y 60 días. Lo que sucede en los meses siguientes, hasta esos más de dos años, solo la burocracia lo sabe.